Por Redacción
10 Julio de 2024 - 18:05
En el Ministerio de Defensa trabajan en una auditoría para esclarecer presuntas irregularidades en contratos celebrados durante la gestión de Cristina Kirchner, con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores, y que involucran un monto de 200 millones de pesos.
Tras ser detectadas por las autoridades del Ministerio de Defensa, ahora se inició una investigación para determinar que ocurrió con esos fondos y con los bienes comprados, ya que establecieron que el Estado habría abonado una cifra millonaria por materiales y para la modernización de unidades, entre ellos el proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al cual se destinaron 200 millones de pesos.
La finalidad de este sistema robótico era desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados (drones), para lo que se firmó en 2015 un convenio con el INVAP, y se estableció que debían entregarse en el término de 7 años, por un monto de más de 2 mil millones de pesos, y nunca se completaron. Otro de los focos de investigación va sobre la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100 que no se entregaron.

El Ministerio de Defensa abonó 200 millones, pero el contrato quedó pendiente en el 2016, hasta que en noviembre de 2017 la cartera que por entonces encabezaba Oscar Aguad, solicitó al INVAP un informe respecto al grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados.
El ministro Petri explicó que, en cuanto a los drones, "más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones" y que "hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo".
Habló también de FADEA, la fábrica de aviones, diciendo: "más de 260 millones de dólares que se pagaron en el anterior gobierno, no encontraron devolución en prestaciones concretas. Así hoy nos faltan los aviones, los IA 100, los Pampa y nos faltan los remolcadores que nos deben y también esos recursos muchas veces iban a cubrir los déficit de las empresas de la defensa y así es como más de 160 millones de dólares fueron a cubrir déficit operativos".
Además, se supo que "había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU, que manejan dirigentes de Juan Grabois), se habían pagado más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares cuando el contrato se había dado de baja", y también se refirió al contrato con Tandanor, de la que dijo "es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, con la construcción de buques, no tenía que ver con remolcadores, no tenía que ver con el ARA Parker en donde se pagaron 8 millones de dólares, no tenía que ver con el ARA Petrel, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5250 bicicleteros", para municipios del Gran Buenos Aires.
Se solicitaron auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones; al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), tras lo cual se analizará la presentación de acciones judiciales.
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