Después del Pacto de Mayo, el Gobierno se apresta a discutir leyes esenciales

Aunque el Gobierno nacional consiguió aprobar días atrás la 'Ley Bases' y su complemento, el paquete fiscal, puertas adentro de la Casa Rosada reconocen que fue un triunfo político a lo Pirro, dado que tuvieron que dejar gran parte de su contenido inicial en el camino para después contar con chances para lograr un éxito que les llevó prácticamente seis meses concretar.

Con esa dura experiencia a cuestas, una nueva instancia obliga a los bloques de La Libertad Avanza (LLA) a organizarse mejor, por lo cual ya plantearon una especie de hoja de ruta con los temas a plantear de ahora en más en las dos Cámaras legislativas.

En ese listado tienen cabida los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo al Congreso, a los que se suman los que fueron impulsados por la oposición y ya están en tratamiento y los que apuntan al período electoral del 2025 con el objetivo de incrementar el poder libertario en el Parlamento.

El 15 de septiembre debe ingresar al Congreso el Presupuesto 2025 y es una norma que por su complejidad paraliza el resto de las discusiones, por lo que en LLA saben que el plazo para avanzar en sus proyectos es mucho más acotado que el que contaron para la remanida 'Ley Bases'.

El tema es que solo queda una semana con poca actividad en comisiones y luego llegará el clásico receso virtual -que no es oficial- que dejaría cualquier discusión recién para principios de agosto.

En cuanto a los proyectos sobre los que se debería debatir en primer término, figuran aquellos en que la oposición ya tiene posicionamiento explícito por tener tratamiento legislativo. Entre ellos se destacan el Financiamiento Universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), además de la ley sobre movilidad jubilatoria que incluye el ajuste del 8,5% que cuenta con media sanción de Diputados por impulso de las oposiciones dialoguista y kirchnerista.

Luego llegarán las iniciativas del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como el proyecto de 'Ley Hojarasca' destinado a derogar un centenar de leyes y regulaciones, y otro denominado 'anticasta'.

En cuanto al paquete de Seguridad, entre otros proyectos está el de 'Ley Antimafias', que tiene como objetivo que "aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa".

Otro de los proyectos que está en la agenda del oficialismo es el de ley de resguardo del orden público, que sustituye los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal, destinado al resguardo del orden público, aunque en la oposición señalan que solo apunta a "una criminalización de la protesta social".

En ese grupo de proyectos figura el que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una semana atrás de modificación de la Ley Penal Juvenil para bajar a 13 años la edad de imputabilidad, aunque solo ingresó al Congreso un anteproyecto del texto.

Al respecto, y ya mostrando cómo se parará en el Parlamento, la oposición argumenta que no hay estadísticas que justifiquen bajar la edad de imputabilidad propuesta por el Gobierno, agregando que "algo de tanta importancia no se va a poder discutir en menos de dos meses".

Finalmente, la Casa Rosada preparó un paquete de leyes electorales planteando una reforma, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y bajar la edad de votación de 16 a 13 años (no obligatoria), en consonancia con la baja de la edad de imputabilidad.

Por otra parte, buscará avanzar en la utilización de la Boleta Única y en modificaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas con el objetivo de que sea menos restrictiva respecto de los aportes.

Mientras la oposición señala que muchos de los proyectos del oficialismo "son humo para los medios", por su parte, busca llevar adelante una agenda propia en el Congreso.

Sin embargo, con el receso de invierno por delante, los legisladores sacan cuentas y ven que quedan pocas semanas antes del 15 de septiembre, cuando el debate se concentre en la ley que marcará el rumbo económico del Gobierno para el año próximo.