El Gobierno nacional tiene previsto anunciar este viernes una amplia reestructuración de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), según fuentes oficiales. Los cambios podrían afectar a varias jefaturas y direcciones.
Sin embargo, el futuro de Rosana Lodovico, directora de Aduana y denunciada por haber tomado deuda de una empresa señalada por contrabando, sigue siendo incierto.
Continuidad de la titular de la AFIP
A pesar de las especulaciones, el Gobierno ratifica la continuidad de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi. Según fuentes gubernamentales, Misrahi está firme en su posición y no se encuentra en duda.
Cambios y aclaraciones del sindicato
El sindicato UPSAFIP ha buscado calmar los temores ante los anuncios inminentes. En un comunicado interno, informaron que la AFIP trasladará todas las áreas operativas de seguridad social a la DGI, manteniendo las mismas jefaturas y equipos de empleados. Sólo se eliminarán los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social para evitar duplicación de funciones en la DGI.
Situación judicial de Lodovico
En medio de la reestructuración, algunos sectores del Gobierno cuestionan la continuidad de Lodovico al frente de la Aduana. La funcionaria enfrenta una denuncia por recibir un préstamo de una empresa condenada por contrabando. La investigación está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien busca determinar si el préstamo encubre un posible soborno. Capuchetti ha solicitado pruebas clave relacionadas con el caso.
Además, se suma la denuncia realizada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. En 2022, Lodovico y su exmarido, Luis Antonio Bocassi, tomaron un préstamo de US$ 250.000 con Promarlon SA. Otra causa, que tramitaba en el juzgado de Ariel Lijo, también investiga a Lodovico, su exmarido (quien era funcionario de la Aduana) y Alejandro Omar Lucano (cuñado de Lodovico y socio de Alfredo Lijo, hermano del juez federal). La denuncia penal contra Promarlon data de 2017 y acusa a la empresa de contrabando con connivencia aduanera. Además, se menciona que Lodovico y Bocassi eran dueños de propiedades y vehículos.
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