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Retrasos en pagos

La obra pública, en crisis: deudas millonarias y miles de empleos perdidos

El empresario Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, reveló la grave situación.

Redacción

Por Redacción

4 Julio de 2024 - 13:12

Gerardo Fernández.
Gerardo Fernández. Ciudadano.News

Se profundiza la parálisis de la obra pública en todo el país. Y, con la decisión de la administración Javier Milei se acrecienta aún más la deuda que se tiene con las empresas constructoras.

La cifra rondaría los 400.000 millones de pesos, según el sector, mientras que las fuentes de trabajo perdidas ascendería las 110.000; Junto a los trabajos indirectos e informales, la pérdida de empleo superarían los 300 mil puestos.

Duros aspectos que contienen las respuestas que dio en exclusiva a Ciudadano.News, el presidente del Directorio de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández: "Existen facturas impagas desde el mes de octubre y noviembre del año pasado, o sea que llevamos en algunos casos entre 7 y 8 meses en los que no se ha cobrado nada".

"Eso significa inversión de capital de trabajo de la empresa que invirtió su propio capital que invirtió sus fondos, compró bienes a los proveedores, le pagó a los obreros, ejecutó la obra, la cual fue medida por un inspector y auditada por una universidad y recién después de todos esos procesos de auditoría y control se aprueban los certificados de obra y se emiten las facturas".

Gerardo Fernández
Gerardo Fernández

Al discriminar la obra pública detenida en todo el país y los montos que se adeudan a las empresas, describió: "El año pasado eran prácticamente 90 mil millones de pesos, también quedó otro 100 mil millones de obras ejecutadas, no medida, por tanto, no facturada. Por tanto, el valor real de los bienes que se han dejado abandonada ronda los 300 mil a 400 mil millones de pesos actualizados e impagos".

Sobre las respuestas que dio el gobierno nacional a esta situación, confesó: "Saben que es así, hay una decisión política del Gobierno nacional de no hacer más frente a la obra pública y nosotros expresamos que entendemos esa decisión política y la aceptamos porque hay que ajustarse al designio popular que así lo decidió. Lo que también planteamos es que no se puede incumplir los contratos"

Finalmente, advirtió que el estado nacional estaría incumpliendo contratos asumidos y lo que ello podría arrastrar: "Primero, por una cuestión legal y técnica de cumplimiento del contrato, si no hay un incumplimiento del contrato, lo que podría ser hasta tildado de delito. En segundo lugar, hay una cuestión cultural y ética que es la seguridad jurídica que se ejerce cumpliendo los contratos".

Producción periodística: Daniel Gallardo.