ATE trató de burro a Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró una "burrada" la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre exigir que las personas que ingresen a la función pública deban rendir un examen de ingreso.

"No debutó bien en su nuevo cargo @fedesturze. Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06 (Proceso de Selección y exámenes para el ingreso)", afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE.

El gremialista también calificó de "perverso" que el Gobierno nacional hable sobre las condiciones de ingreso al Estado, cuando "lo único que hacen es generar egresos".

"La verdad que usted es también bastante hipócrita al referir al Derecho de Estabilidad cuando no paran de despedir y cesantear ilegalmente a toda la gente", expresó Aguiar en redes sociales.

La respuesta del referente sindical se dio luego de que Sturzenegger propusiera cambios en la carrera administrativa, incluyendo "un examen de ingreso a la función pública como el que se usa en los países con servicio civil profesional".

"El examen de ingreso anónimo permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público", argumentó Sturzenegger en su cuenta de X.

Durante su asunción como ministro, Sturzenegger adelantó que impulsará una agenda de "transformación del Estado", lo que podría incluir más recortes de personal en el sector público. "Está esa famosa frase del Presidente que es: 'no hay plata', y me parece importante recalcarla, porque tenemos que entender que lo que gasta el sector público es un peso que alguien paga con impuestos", explicó el funcionario del Gabinete de Milei.

Además, entre las propuestas del ministro se encuentran medidas como la eliminación de ciertos subsidios y la privatización de empresas estatales, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Estas políticas han generado controversia y oposición de diversos sectores que temen un impacto negativo en el empleo y los servicios públicos.

El debate sigue en curso mientras el Gobierno y los sindicatos se preparan para enfrentar las posibles consecuencias de estas reformas en la administración pública.