Por Redacción
17 Junio de 2024 - 17:52
La propuesta del Ejecutivo parece ser sencilla: generar la llegada de capitales para reactivar sectores claves de la economía, enfocándose en la energía y la minería.
Con el título de Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, la iniciativa genera un monto base de 200 millones de dólares para inversiones en industria, energía, tecnología, turismo, petróleo, gas y siderurgia.
El plan mayor indica que los proyectos incluidos en este régimen deben destinar, por lo menos, un 20% del monto total de la inversión para contratar proveedores nacionales. Para ahondar más en el tema, la producción de Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News 91.7)
Se comunicó con Marcelo Saleme Murad, abogado especialista en derecho tributario, quien comentó que "es un interés estratégico para el país. Pero no olvidemos de dónde venimos: estamos en un momento en que la Argentina está atrasada entre 20 y 30 años para este tipo de acciones".
"No hubo inversión a grandes rasgos, ni desde lo privado ni desde lo público, más que nada por la inflación que tenemos".
La inflación pega más duro en el ahorro, y el país podrá tener una gran cantidad de recursos (como ejemplo, tenemos la segunda reserva mundial de gas), pero no contamos con el dinero para hacer una planta de gas licuado", ejemplifica el abogado. En este sentido, suma un detalle más: tampoco cuenta el país con el dinero para explorar y explotar dichos recursos.
"Desde lo jurídico -continúa Murad-, la igualdad es la base de todas las cargas. Y en este caso también: si un argentino quiere invertir dinero en el país, lo puede hacer".
"La ley no le dice que no. Pueden hacerlo empresas argentinas, como también las extranjeras. Cualquiera que desee hacer esta inversión, tendrá el mismo tratamiento bajo la ley", comenta el profesional.
Sin embargo, se apresura a aclarar que el problema "no es el beneficio para los que vienen, sino el desquicio que es nuestro país. La Argentina es un infierno fiscal, y no hay que centrarse en si se le dan beneficios a los que vienen de afuera. Conviene discutir los beneficios que sí tenemos, y luchar para que el sistema tributario sea razonable con el resto de la población".
Discrecionalidad y arbitrariedad
En un mundo donde la corrupción no escapa a ningún sector, cabe distinguir lo que es discrecionalidad de lo que es arbitrariedad. "Se puede ser discrecional, pero no se puede ser arbitrario", dice Murad.
"Si hubo bolsones de corrupción es porque hubo arbitrariedad. En este caso, la Ley es muy estricta: apunta a qué inversiones se quiere atraer, a qué objeto va dedicado, cómo deber ser el proyecto, cómo se debe desarrollar, cuál es el plazo de amortización, cuál es la producción, a qué se va a dedicar cada activo... Varios son los puntos a cumplir", ejemplifica.
"Las sociedades que tienen asiento en el país pueden hacer lo que se llama sucursal dedicada. No es una escisión completa, sino que escinde una parte de la persona jurídica, no de sus bienes, y es esa parte la que se puede adherir al RIGI. Tiene el mismo análisis que cualquier otro que venga desde cero", comenta el abogado.
No hay que temer a la corrupción, advierte: "Si hay arbitrariedad, eso se denuncia en la Justicia, como haría cualquier persona". Y se apresura a recordar una Ley poco conocida y poco utilizada por los ciudadanos: la Ley de Lealtad Comercial.
"Esta ley pena al competidor que obtiene ventajas violando la ley, pero casi nadie la usa. Si un empresario sufre los embates del competidor que no paga impuestos, puede hacer uso del respaldo legal", recuerda Murad.
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