Problemas del Gobierno con la ley que modifica la forma de ajustar las jubilaciones

Refiriéndose a los proyectos que se aprueban en el Congreso, la ley de Administración Financiera dice expresamente en su artículo 38 que todo texto que "autorice gastos no previstos en el Presupuesto general" deberá "especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

En tanto, el artículo 126 del reglamento del Senado plantea lo mismo, ya que expresa que todo proyecto que importe gastos debe incluir en sus fundamentos "la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo. Ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de comisión".

Cuando estas disposiciones no son respetadas, los funcionarios encargados de la aplicación de las nuevas leyes se enfrentan a las exigencias de adaptar los límites presupuestarios para cumplir con las medidas que salen del Congreso.

Es lo que podría ocurrir ahora, después que en la Cámara de Diputados se aprobara el proyecto que aumenta las jubilaciones, iniciativa que tuvo vía libre pese a que no se fijó de manera precisa de dónde saldrán los recursos para afrontar el costo fiscal, estimado en al menos 0,4% del PBI, proyecto que entró a Senadores para una decisión final.

Para ganar tiempo, y con el argumento de que las imposiciones legales deben ser respetadas, el oficialismo y parte de la oposición dialoguista lograron postergar en la Cámara alta la discusión sobre los cambios.

En ese escenario, el oficialismo negocia con los caciques radicales de ambas cámaras para conseguir un nuevo texto, más suavizado, una tarea que se ve dificultada porque en el bloque de la UCR del Senado hay una mayoría que no está dispuesta a votar una fórmula menos benévola que la aprobada en la Cámara baja, entre los que se encuentran Martín Lousteau (Ciudad), Maximiliano Abad (Buenos Aires), Carolina Losada (Santa Fe), y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), legisladores que advirtieron, puertas adentro, que no aceptarán que el ajuste fiscal lo paguen los jubilados.

Las gestiones para "ablandar" las posiciones están a cargo del jefe de Gabinete, el todoterreno Guillermo Francos, y sus funcionarios José Rolandi y María Ibarzabal Murphy. Por el lado del radicalismo participan de las conversaciones el diputado Rodrigo de Loredo y el senador Eduardo Vischi, los jefes de ambas bancadas.

La propuesta del Gobierno es modificar el proyecto con el objetivo de reducir el costo fiscal, y sancionar una nueva versión en Diputados -imitando el recorrido que tuvo la 'Ley Bases'-, cometido que debería lograr como máximo en agosto, antes del tratamiento del Presupuesto 2025.

Para evitar los costos políticos que provocaría un eventual veto de Javier Milei si en Senadores se aprobara sin cambios, los funcionarios de la Casa Rosada deberían moverse con rapidez para proponer soluciones concretas, y de esta manera no exponer al Presidente a una situación incómoda, precisamente en momentos en que las finanzas no dan señales positivas para La Libertad Avanza.

El problema que generó Diputados llegó al recinto del Senado en la última sesión, donde el peronista disidente Juan Carlos Romero recordó que "una falencia" del proyecto en cuestión es que "va en contra de la Ley de Administración Financiera, ley 24.156, y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, y no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento". 

Por ahora, el oficialismo trabaja contrarreloj y con viento en contra, ya que nadie apuesta a que la ley sea modificada por los senadores y vuelva en segunda revisión a la Cámara baja.