Por ley, Mendoza buscará eficiencia en la administración de recursos del Estado

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera definitiva el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca una mayor eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado. 

La propuesta se fundamentó en la necesidad de abordar aspectos clave para las reformas, centrándose en tres ejes principales: la gestión del recurso humano del Estado, el manejo eficiente de los activos y la participación de las municipalidades en los recursos de jurisdicción nacional y provincial.

El texto original del proyecto sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, incluyendo la eliminación de artículos relacionados con la Coparticipación del Financiamiento Educativo a Municipios.

Uno de los puntos destacados de la reforma es la regulación más estricta sobre los certificados médicos y las condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Estas medidas buscan prevenir el abuso de licencias y optimizar la distribución del personal.

Se modificó la Ley 9103, Régimen General Disciplinario para el personal comprendido en el Estatuto del Empleo Público, incorporando el inciso g) del artículo 5° que penaliza la presentación de certificados médicos falsos, y el inciso h), que trata sobre empleados públicos declarados judicialmente en quiebra, otorgándoles un plazo para sanear su situación.

El proyecto también modifica la Ley 4322 sobre Remuneraciones al personal de la Administración Provincial y Municipal, estableciendo que los integrantes de Organismos Colegiados percibirán el ítem salarial correspondiente según las pautas que determine el Poder Ejecutivo.

Se sustituyen los Artículos 49 y 52 de la Ley Nº 5811, estableciendo una indemnización compensatoria para los empleados que deban cesar en sus funciones por dolencias incapacitantes. Esta indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, con un límite de diez veces la remuneración mensual.

La iniciativa prevé la posibilidad de que los empleados públicos soliciten licencias sin goce de haberes por razones particulares, con un límite de un año de antigüedad en la administración pública y sin afectar el servicio del área.

Además otorga facultades al Instituto Provincial de la Vivienda para securitizar sus carteras de créditos y exenciones del Impuesto de Sellos para ciertas contrataciones, buscando mejorar la liquidez y capacidad de inversión en proyectos habitacionales.

También actualiza las facultades del EPRE y el EPAS para la gestión de servicios de energía y saneamiento, y autoriza la venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a ex-bancos oficiales, previo a la individualización y autorización por ley.

Otro de los puntos que plantea el proyecto es la modificación del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal en la Ley 6396, con el objetivo de mitigar el impacto del dispar crecimiento demográfico entre municipios y promover un desarrollo equilibrado.

Con esto, el Estado busca una administración más eficiente y responsable de sus recursos y activos, promoviendo un desarrollo equitativo y sostenible a nivel provincial y municipal.

Intenso debate por el Paquete Fiscal

La senadora Ángela Floridia, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue la miembro informante y explicó que las modificaciones tienen como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y mejorar el funcionamiento del Estado. Destacó que «varias de las modificaciones tienen que ver con la ley 5811 y son regulaciones más estrictas, como por ejemplo las sanciones por certificados médicos falsos y las licencias por razones particulares sin goce de haberes».

Además, la legisladora mencionó que el segundo bloque del paquete fiscal aborda la segurización de carteras de crédito del IPB y otros cambios institucionales, mientras que el tercer bloque se centra en la Ley de Coparticipación Municipal, ajustando los coeficientes de distribución según los nuevos datos del Censo 2022.

Luego, el senador de la Unión Mendocina, Valentín González, expresó su desacuerdo con la metodología utilizada para presentar el paquete fiscal. «La coparticipación queda escondida dentro de estos capítulos que podrían haber sido, cada uno de ellos, una propia ley. No comparto esa metodología, por lo cual anticipo mi voto negativo en general al presente proyecto», afirmó.

Por su parte, el legislador Ariel Pringles se manifestó en contra, especialmente del primer bloque relacionado con recursos humanos. Criticó la falta de diálogo con los representantes de los trabajadores y advirtió sobre posibles fallos judiciales en contra. «El recurso humano no son muebles, son trabajadores que tienen obligaciones y derechos», argumentó.

La senadora Mercedes Derrache, del Partido Justicialista, pidió al Gobierno provincial que cumpla con su compromiso de reunir al consejo de municipios para tratar una reforma de fondo de la Ley 6396. «Queremos solicitar a través de esta Cámara que el gobierno provincial cite y reúna al consejo de municipios para tratar específicamente esta ley y distribuir en forma equitativa los recursos que son de todos los mendocinos», declaró.

Luego, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, también adelantó su voto negativo, alineándose con los argumentos de González y Pringles. Criticó el enfoque integral del proyecto, sugiriendo que oculta aspectos vergonzosos que serían difíciles de aprobar individualmente.

Votación en particular: diversidad de posturas

En una sesión maratónica marcada por intensos debates, el Senado de Mendoza aprobó en general el paquete fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo. La votación concluyó con 29 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones, evidenciando una notable división entre los legisladores.

Durante la votación en particular de los artículos del paquete fiscal, las diferencias entre los senadores se hicieron aún más evidentes. El senador Dugar Chappel votó en contra de los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por su parte, Armando Magistretti, del Partido Demócrata, se opuso a los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 19 y 20, además de rechazar el capítulo 3.

Desde el bloque de la Unión Mendocina, los senadores Germán Vicchi, Martín Rostand y Gabriel Pradines mostraron una clara disconformidad, rechazando los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, así como el capítulo 3.

El bloque Justicialista también expresó su rechazo a varios artículos del paquete fiscal. La senadora Mercedes Derrache, junto a sus colegas Mauricio Sat, Pedro Serra, Duilio Pezzutti, Gerardo Vaquer y Adriana Cano, votaron en contra de los artículos 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12, argumentando que las propuestas del Gobierno provincial no se alinean con sus principios ni con las necesidades de la Provincia. Además, Duilio Pezzutti votó en contra del capítulo 3.