Por Redacción
29 Junio de 2024 - 19:35
El presidente Javier Milei cuenta en una importante parte de la sociedad con una base que le aporta margen para jugar, con cierta fortaleza política, en un tablero donde se enfrenta a la oposición dura con representaciones minoritarias en ambas Cámaras del Congreso Nacional y, para peor, sin gobernadores propios.
Con tan poco apoyo y con una posición belicosa enfrente, como el kirchnerismo y en menor medida la izquierda, demostrada en ambas Cámaras, logró -recién casi siete meses después de asumir-, la aprobación de la 'Ley Bases' y el 'paquete fiscal', obteniendo de esta manera su primer triunfo parlamentario.
En la batalla cultural que plantea Milei hay una situación nueva: hace un año era impensado que privatizar empresas públicas tenga 40% de acuerdo, tanto como darle facultades extraordinarias a un presidente, restituir un impuesto como Ganancias o una reforma laboral. Esto supone pensar que 'Milei representa esto, yo lo apoyo a Milei y por lo tanto tengo que pensar parecido a él'.
Sin embargo, todos no se convencen, como ocurre con el 55% que lo votó, pero se convence el 44% del total. Esto es nuevo", explicó en ese sentido el analista político Federico Aurelio.
El titular de la consultora Aresco reveló que en los sondeos que realiza en el interior del país "la voluntad mayoritaria de la gente es que el gobernador no sea aliado del Gobierno nacional, pero mucho menos que sea opositor". Al respecto, la opinión predominante es que el gobernador tenga independencia, "pero que mantenga una buena relación con la Casa Rosada. En segundo lugar, que sea aliado y, por último, que sea opositor".
Aurelio acaba de concluir una encuesta que le dio a Milei una aceptación en torno al 56%, es decir que goza del mismo nivel de apoyo de la sociedad que obtuvo en la segunda vuelta y se mantuvo en el inicio de su gestión.
En cuanto a la opinión pública sobre la 'Ley Bases', preguntando sobre algunos temas específicos se nota que hay más desacuerdo que acuerdo, dado que la gente expresa 'quiero apoyar al gobierno nacional', pero hay más desacuerdo sobre el aumento del Impuesto a las Ganancias, facultades extraordinarias, privatizar empresas públicas o reforma laboral", explicó Aurelio.
Y consideró que ese rechazo social puede darle fundamento a la posición de seis gobernadores de la oposición sobre la norma recién aprobada en Diputados con cambios introducidos por el Senado.
Son el salteño Gustavo Sáenz, el cordobés Martín Llaryora, el misionero Hugo Passalacqua, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolo Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, además de los dos peronistas que decidieron no enrolarse con el kirchnerismo, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.
Todos ellos propiciaron votos propios, "aportaron" abstenciones clave o sacaron legisladores de sus bancas para facilitar la aprobación, demostrando una actitud de colaboración y de negociación abierta con la Casa Rosada, más que nada motorizados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Seguramente los mandatarios provinciales analizaron que cuando el Gobierno nacional ponga en marcha el contenido de las medidas, estarán del lado de los que se opusieron a su aprobación, más allá que sean finalmente beneficiados por los recursos fiscales que puedan tener, por ejemplo con la restitución del Impuesto a las Ganancias.
Es decir que, aun sabiendo que iban a poder recoger los beneficios de la nueva norma tanto como los que empujaron para conseguir su aprobación, su actitud responde a un panorama político que como líderes provinciales registran de manera cotidiana cuando toman el pulso de la gente.
Otros mandatarios directamente se opusieron, como el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el santiagueño Gerardo Zamora, el cuestionado formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Claudio Melella.
Paradójicamente, sus diputados y senadores votaron en masa en contra de ambas iniciativas oficiales, pero con la aprobación de las normas se garantizaron recursos muy valiosos para enfrentar un año difícil para sus arcas, sobre todo por la negativa del Gobierno nacional de repartir a diestra y siniestra -como fue costumbre de las administraciones del kirchneristas- fondos discrecionales.
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