Piden quitar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández

A la luz de todo lo que se va conociendo sobre el expresidente Alberto Fernández, desde los procesamientos por corrupción hasta la violencia doméstica, tomó impulso un pedido para que pierda la pensión graciable vitalicia de más de siete millones de pesos que percibe mensualmente.

Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo, impulsora de la iniciativa, dialogó con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), y en principio definió los alcances del beneficio en cuestión: "Lo que existe en Argentina para ex presidentes y vicepresidentes es recibir una pensión graciable o jubilación de privilegio, es decir, no tiene una contraprestación en aportes de la persona; no es una cuestión previsional sino que es un reconocimiento que hace el país o el fisco en favor de una persona por determinados servicios prestados a la patria", y ponderó: "Esto si uno lo piensa en abstracto suena buena bien, cuando uno lo pone en casos prácticos donde alguien hubiera cometido un delito, un asesinato, un robo, en este caso una golpiza o algún otro ilícito como defraudación al Estado, la ley plantea que por el mero hecho de haber sido presidente tendría una suerte de cheque en blanco vitalicio".

 

 

El caso registra un antecedente, que el dirigente citó: "Este tema ha sido planteado en su momento con el caso del juez Boggiano, un juez de la Corte que tuvo algunos cuestionamientos y donde el procurador general de la Nación y la Corte opinaron en este sentido y plantearon que había algunos requisitos adicionales al mero hecho de haber pasado por ahí", y desde ahí se explica lo que la Fundación plantea a la Anses o al Gobierno, "a raíz de los hechos y teniendo en cuenta la falta de idoneidad moral -lo de Fabiola es la gota de rebalsa el vaso pero ya veníamos con el escándalo de los seguros, el Olivos Gate, que terminó con una suerte de resolución anormal del proceso judicial pero Alberto reconoce la culpabilidad, el vacunatorio vip, una gran cantidad de irregularidades a lo largo de su gestión- y por eso le pedimos al gobierno de Javier Milei le retire la jubilación de privilegio a Alberto Fernández".

 

Camino político o judicial

A la hora del pedido se abren dos alternativas diferentes, que lo decida la política, o bien que se llegue a través de un proceso judicial. Santoro precisó: "Entendemos que el gobierno de Javier Milei debiera a raíz del planteo revocarlo. Ahora, si eventualmente el gobierno considerase que tiene un derecho adquirido o que por algún motivo no se encuentran dadas las condiciones a partir del rechazo, estamos facultados para ir por la vía judicial, cosa que pensamos hacer".

La Ley 24.018 establece el marco general para todas las jubilaciones de privilegio de presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. Pero "Una cosa es una norma general y otra cosa el acto administrativo individual que se emite a partir de una norma general", continuó, "tenés una ley general que establece el marco para la existencia de jubilaciones, y después tenés los actos individuales administrativos que otorgan o rebotan estas pensiones; lamentablemente el historial ha sido que por los déficits en la redacción de la norma, el Estado ha procurado ser más bien conservador y ante la duda sostener el beneficio, y es lo que estamos justamente cuestionando en esta instancia administrativamente y eventualmente judicialmente".

 

 

Entonces, sobre los instrumentos necesarios para que Fernández deje de cobrar su privilegio, aclaró: "Ni siquiera con un decreto presidencial, con una resolución de Anses le pueden revocar en principio la pensión, y después Alberto si considera que está mal quitada podrá ir a la justicia y encantados nos vemos en la Corte".

"Lo que quiero dejar en claro, no es que hay un delito en particular que resulte suficiente para dejar de dar la pensión. Lo que hay acá es una persona que con ejemplos chiquitos de no cumplir con sus obligaciones, todas esas juntas, es lo que dan lugar a que desde el punto de vista jurídico administrativo sea revocable la pensión, y si él considera que pesar de haber sido un hijo de puta, tiene derecho a comer de todos los argentinos que lo plantée en la justicia y lo discutiremos como corresponde", subrayó.

En cuanto a los precedentes que podría sentar el caso, frente a situaciones parecidas, como la de la condenada en primera instancia por corrupción Cristina Kirchner o el caso de Amado Boudou, quien cumplió una pena por delitos relacionados con fraude al Estado, precisó: "Tanto para el caso de Cristina como para el de Boudou hay causales suficientes para avanzar en esta misma línea; creo que lo pornográfico del acontecimiento de Alberto permite abrir esta discusión de forma pública", y recordó que antes que Alberto cobre la pensión habían presentado un recurso administrativo para impedir que lo haga, por considerar que estas causales ya estaban dadas.

"Ahora que el tema ya está abierto y está arriba de la mesa, desde la fundación vamos a presentar pedidos de revocación tanto para Cristina como para Boudou, y ante eventuales rechazos medidas para poder judicializar todo, que la justicia establezca un criterio claro de hasta donde es aceptable la inmoralidad, la ilegalidad para seguir cobrando arriba de 7 millones de pesos por mes", concluyó.