En dos décadas se quintuplicaron las villas

Para sumar argumentos que marcan la profundidad y además la antigüedad del deterioro de la Argentina, Unicef publicó en un informe que señala que en nuestro país 2 de cada 3 son pobres por ingresos, o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro. Tomar dimensión de que en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza es desolador.

Pero los datos fríos son incontrastables, alcanza con tomar nota de que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires, y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas. Esto figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con la colaboración de la ONG Techo Argentina y otros actores de la sociedad civil, y que fue presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei, es decir, antes del presente ajuste que agravó todas esa cifras.

Además, casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires, específicamente 2065.

Para seguir con cifras, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar garrafas o usar braseros. Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.

Los orígenes

“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como 'ocupación de tipo hormiga': una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, explicó Juan Maquieyra, director de Techo Argentina.

Por el lado de Cáritas recuerdan que 519 de los más de 6.000 barrios llevan nombres de santos y santas y, de ellos, a 100 los bautizaron San Cayetano, el patrono del trabajo. A la vez, destacan que repiten mucho las palabras esperanza y unión, refiriéndose al prejuicio contra los villeros, que fue abordado en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria.

Esta compulsa junto a un estudio etnográfico que buscó identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos/as, generaron conclusiones inquietantes, como que “la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes en espacios vulnerables contribuyen a su reclutamiento en el consumo y en el comercio de drogas, sumado a otras actividades ilegales”, y suma que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios.

“La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional”, aboga Maquieyra.

Drogas

De acuerdo con la encuesta, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario. El dato muestra diferencias geográficas, ya que mientras ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba de lo que caracteriza a otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente).

La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja, pero comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).

A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo a la presencia de venta y tráfico de drogas: 45,2% de hogares con tres o más carencias vs. al 10,5% de hogares sin carencias.

En el trabajo se afirma que "El comercio ilícito de drogas y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la autonomía, la seguridad y la convivencia social. La venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando una entramado socioeconómico que debilita la integración social y las posibilidades de empoderamiento comunitario".

Afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo y contención. Si bien la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios vulnerables.