Crece la expectativa laboral por la nueva planta de gas licuado

La iniciativa de YPF y Petronas a través del anuncio de que se instalará en Río Negro una planta de GNL (Gas Natural Licuado) encendió el interés por sobre una nueva infraestructura energética en la provincia patagónica, al tiempo que motivó el enojo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, expresó en el programa político de Ciudadano.News, Sin Verso que "la explicación que uno escucha no es técnica, es política donde una provincia que adhirió al RIGI y la otra no, ahora si es mejor desde ese punto de vista el proyecto no lo sabemos, no hemos visto los estudios que justifiquen técnicamente esta decisión, intuitivamente uno diría que en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Bahía Blanca, la infraestructura, el puerto ya está construido y en Río Negro hay que empezar de cero".

Admitió que, "en la medida que avance el proyecto, veremos cuál es la racionalidad de las decisiones que se van tomando, el impacto que tendrá sobre las empresas que han tomado las decisiones. En el caso de YPF probablemente también haya un impacto en la economía nacional porque es de un 51% pública, pero se supone que las empresas toman decisiones racionales porque están destinadas a no perder dinero entonces, más allá de la mediatización del tema y la necesidad de dar buenas noticias bajar un poco  a tierra y ver cómo va avanzando esto".

"Ejemplo de una o dos malas decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Fernández con proyectos que involucraron miles de millones de dólares y que no funcionaron, el gasoducto del noreste argentino, con miles de kilómetros de caños enterrados que no llevan gas, o la central térmica de carbón de Río Turbio que no tiene carbón. No funciona y han consumido cada uno cerca de 3 mil millones de dólares de inversión pública, fueron malas decisiones, con motivaciones políticas, con poco fundamento técnico que se supone, las empresas privadas no tomarían", dijo.

Y añadió: "Por eso hay que seguir un poco como este proyecto avance, es una etapa muy preliminar porque si viaja a Punta Colorada no va a ver nada más que mar, no verá ni un caño y si va a Vaca Muerta todavía para desarrollar el campo y llegar a lo necesario para exportar falta mucho".

"Si miramos la soberanía nacional tendríamos que ver este proyecto  desde una perspectiva más amplia y ver en primer lugar, durante el período de vida de este proyecto sería de más de 80 años cómo la Argentina va a abastecer su demanda interna de gas, la principal fuente energética que consumimos y al mismo tiempo alimentar el proyecto de exportación. Veo desde este punto de vista la soberanía energética, la capacidad que con nuestros propios recursos podamos alimentar nuestro consumo residencial, a las industrias y que nuestra industria sea competitiva", reflexionó.

Desde el punto de vista del proyecto puro, "no veo soberanía nacional, veo oportunidad de las empresas de acceder a un mercado que le puede dar interesantes beneficios y que esos beneficios de alguna forma también se van a volcar sobre nuestra economía en forma de impuestos, aunque el RIGI en cierta medida es muy benigno en ese tema para que los proyectos sea más atractivos y la visión integral nos falta y no tenemos la suficiente información para saber de qué forma se toman estas decisiones", consideró. 

"Vemos una pulseada ideológica entre un gobierno nacional de un signo y un gobierno provincial de otro que sancionan una ley y entonces una empresa que decide que por ese emotivo va a correr su proyecto hacia otro lado, no olvidemos que originariamente YPF y Petronas habían definido el puerto de Bahía Blanca como el puerto ideal para su proyecto así que, es muy interesante lo que está pasado porque evidentemente la nueva situación de la Argentina todavía en pañales alienta la ejecución de nuevos proyectos de gran porte, pero al mismo tiempo también nos plantea interrogantes que es importante resolver", manifestó.