Presentarán más pruebas de extorsión en los comedores

Un verdadero revulsivo dentro de las organizaciones sociales investigadas que alcanza en algunos casos a La Cámpora se está produciendo a partir de las denuncias y su ratificación del caso de las extorsiones a los beneficiarios de planes sociales y por los comedores fantasma. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello anunció que llevará más pruebas al juzgado que comanda Ariel Lijo.

Desde el Gobierno se pretende que se pueda demostrar que hubo toda una organización que permitió que se desarrollara un modus operandi para posibilitar las extrosiones.

Entre el lunes y el martes próximo, la Subsecretaría de Legales del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello se presentará en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores “fantasma”.

Se auditaron más de 1.200 unidades y allí se detectron muchas irregularidades. Se da el caso de Juan Grabois quien señaló que la organización donde militaba n fue objeto de ningún control durante la gestión de Alebrto Fernández por lo cual "pudieron haberse producido las irregularidades".

La decisión que tomó la ministra del gobierno de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida que se realizaban a través de las organizaciones sociales. Esto es, eran los dirigentes sociales –devenidos en funcionarios- quienes definían cuántos bolsones de comida se enviaban a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían. No existía control alguno. Para el Ministerio de Capital Humano, el descontrol tenía una razón: La militancia partidaria beneficiando a comedores o supuestos comedores “amigos”.

Si bien está saliendo a la luz el tema, las denuncias ante la Justicia comenzaron en 2022 a partir de la acción de legisladores de Coalición Cívica como es el caso de Hernán Reyes quien señaló que el tribunal ante quien se elevó el caso no avanzó mucho.

Recién ahora, están recabando más información para agilizar las investigaciones judiciales apuntando a las responsabilidades penales de los funcionarios a cargo de las millonarias cajas. El Registro Nacional de Comedores y Merenderos –Renacom- fue creado en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Dependía de la Secretaría de Articulación Social de la camporista Laura Alonso. Le decían “la buena” para diferenciarla de la ex titular de la Oficina Anticorrupción macrista llamada igual.

Pero también la sucesora de Arroyo, Victoria Tolosa Paz, tendrá que explicar su desempeño al frente de la cartera social.

Fueron necesarias unas 15 denuncias judiciales, la publicación de chat, anotaciones en cuadernos y el hallazgo de decenas de miles de dólares en algunas dependencias o en manos de dirigentes de segunda línea para que se disparara uno de los casos más polémicos que involucra a las autoridades nacionales que dejaron el poder el 10 de diciembre pasado