Por la seguridad de los ciudadanos, reforman la Ley de Agencias de Seguridad Privada

Referentes de la Cámara de Empresas de Seguridad de Mendoza hablaron en El Interactivo acerca de las modificaciones que regula la actividad de personas que son parte de las empresas de seguridad. Cómo es la situación legal en la provincia.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza impulsa varios cambios en lo que respecta a la Ley que afecta a las agencias de seguridad privada. Entre las numerosas modificaciones figuran la portación de armas de fuego, el uso de pistolas Taser, y la regulación de empresas no oficiales, algo que incluye también el trabajo en negro del sector.

Ante la llegada de estos cambios a la Ley 64441, que actualmente está en estudio en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, el periodista Daniel Gallardo, integrante de El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, y Ciudadano News 91.7) entrevistó al presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de Mendoza, Pablo Martínez, y a Leopoldo Jung, integrante de dicho organismo, para conocer en detalle los alcances de estos cambios.

En este sentido, Martínez comenzó la charla comentando que "la Ley de Seguridad Privada actual ha quedado obsoleta luego de tanto tiempo transcurrido. Hemos sido pioneros a nivel nacional sobre esta Ley, porque en ese momento no había ningún tipo de regulación sobre la seguridad privada". El presidente de la CESM hace referencia al año 1996, cuando se pudo redactar y promulgar la regulación, algo que surgió primero en la provincia de Mendoza.

"Lo que hoy buscamos es estar a la vanguardia de lo que está pasando, y consideramos que estas reuniones que hemos tenido con parte del Gobierno, representado por el licenciado Adrián Méndez, director del REPRIV, nos sirvió para presentar el nuevo proyecto que teníamos, en el que realizamos gran cantidad de cambios", explica Pablo Martínez.

En ese sentido, Martínez se apresuró a aclarar que "los cambios que exigimos están amoldados a lo que está pasando en el país, y una de las propuestas que tenemos que unificar es el tema del uniforme, para que el vigilador sea distinguido de la gente. Buscamos que la gente lo vea e identifique al vigilador de un policía, para no confundir a la ciudadanía".

Si bien el vigilador no puede portar armas, uno de los cambios en la Ley hace mención precisamente a este detalle: "La seguridad privada, como función principal, tiene la de disuadir al delito y colaborar con la seguridad pública en la medida de que ese vigilador pueda hacerlo. 

Un vigilador no puede manipular un arma de fuego, con excepción de la Taser, que toma estado público y prepara a la gente para su uso", aclara Martínez.

No obstante, hay empresas que sí están habilitadas para su uso: "Hablamos de armas calibre 22 o 32, pero el vigilador cuenta con una capacitación para hacer uso de estas armas en casos especiales. No se usan en barrios privados, sino que las utilizan empresas alejadas del radio urbano, y que requieren una seguridad especial, en defensa del vigilador", explicó. Y a esas armas mencionadas por Pablo Martínez hay que agregar las populares y novedosas Taser: "Una Taser podría ser utilizada por un vigilador privado", agregó.

 

Vigiladores en la provincia: ¿cuántos son?

El número da para pensar: según datos estimativos, los agentes de seguridad en Mendoza rondan las 15.000 personas.

 Martínez recuerda que la Ley fue elaborada con partes del Gobierno provincial y con un aporte muy importante de la gente del Ministerio de Seguridad. "Leopoldo Jung era uno de los que presidía esa comisión -rememora el presidente del organismo-, y llegamos a la conclusión de que esta ley tenía que salir sí o sí. Sin embargo, tenemos un aspecto peligroso, y es el de que se confunde a la inseguridad entre 'gallos y medianoche': nos habilitaron los legisladores monotributistas".

Y el trámite es sencillo, pero es un arma de doble filo: "Se juntan tres o cuatro personas, compiten ilegalmente contra una empresa de seguridad, y allí aparece el problema. Lo que pusimos de manifiesto en la Ley es que a cada empresa le hace falta un director técnico especialista en seguridad, un policía, o un militar retirado, porque si no esto es competencia desleal". 

"No queremos dejar a nadie fuera del sistema, sino que se incluyan a las empresas con las mismas reglas del juego. Todavía hay mucha informalidad", sentencia Martínez.

¿Pero faltará mucho para la Ley? "Hay un alto porcentaje de que esta ley salga a la brevedad. Uno de los puntos importantes es que esta regulación forme parte de los órganos de control y asesoramiento del Ministerio Público de Seguridad. Eso hace que disminuya la informalidad", culminó el presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de Mendoza.

 

Producción periodística: Daniel Gallardo.