El gobierno de Javier Milei está tomando impulso para poner en condiciones de ser lanzada la llamada "fase 2″, empujado por la necesidad de empezar a aceitar de una vez por todas la gestión y encarar el proceso de recuperación económica.
En ese sentido, esta semana comenzaron a verse algunos movimientos, en especial con las provincias aliadas y los gobernadores que apoyaron la sanción de la 'Ley Bases' y el paquete fiscal, enviados por la Casa Rosada, que significaron, aunque acotado, su primer triunfo político después de mucha discusión.
Un ejemplo de las medidas fue la liberación de fondos para algunos Estados provinciales. Uno de los beneficiados es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien le comenzaron a liberar el flujo mensual por la caja de jubilaciones, un tema que había judicializado en la Corte Suprema de Justicia.
Iniciar una nueva relación con los gobernadores que prestaron alguna colaboración con el Gobierno fue uno de los pedidos que los mandatarios provinciales que pertenecen a Juntos por el Cambio les hicieron al Presidente y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Ellos quieren tener un trato distinto a los de sus colegas, que hasta ahora exhibieron falta de apoyo, demostrada con la ausencia en la puesta en escena en la gélida noche del pasado lunes en Tucumán, para la firma del postergado 'Pacto de Mayo'.
El Ejecutivo también trabaja para definir detalles de un proyecto que considera impostergable: el paquete electoral que pretende enviar al Congreso en los primeros días de agosto, después del receso de invierno, cuyos puntos principales incluyen la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Al respecto, la semana pasada hubo una reunión para empezar a encarar ese tema, en la que se encontraron el vicejefe del Gabinete, José Rolandi; el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico del Gobierno, una funcionaria de estrechísima confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
¿Cambios de estructuras o privatizaciones?
Por otra parte, continuando con la segunda fase del plan del Gobierno, comenzaron a delinearse los cambios anunciados en empresas estatales y algunos organismos. En ese contexto, el Ejecutivo le busca en estos días una salida a la situación del INADI, para tratar de cerrarlo de manera definitiva.
Las empresas públicas que el Gobierno pretende desprender de la órbita del Estado, aun en el caso de aquellas que puedan eventualmente presentar balances favorables, atraviesan por una situación similar.
En ese sentido, se intensificó la revisión de los directorios, y la búsqueda de funcionarios y directores que respondan directamente al entorno más cercano de Milei. Por ejemplo, se modificó en silencio a todo el directorio de la empresa nacional de telecomunicaciones que brinda conectividad, Arsat.
El caso es que, con Caputo a la cabeza como autor intelectual y el abogado Diego Chaher en el rol de ejecutor material, el equipo a cargo de ese cometido recibió a fines del mes pasado en el primer piso de la Casa Rosada a varios titulares de esas compañías estatales para dejar en claro cómo pretende el Ejecutivo que sea el proceso con el objetivo de acelerar en los próximos meses las decisiones definitivas.
El mensaje que recibió cada representante de esas empresas es que deben proponer el plan para "mejorar" la administración de las mismas, además de encarar, en esa línea, una fase para modificar el estatus jurídico de las compañías y pasarlas al esquema de sociedades anónimas, lo que en buen romance significa privatizarlas.
En ese sentido, se sabe que funcionarios de la Casa Rosada quieren darle celeridad al tema, por lo que la orden para propiciar la venta de las acciones del Estado tendrá a marzo del próximo año como plazo "tope".