Preocupación en el sector yerbatero por las últimas medidas del gobierno de Milei

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizaron el impacto del DNU 70/2023 en el complejo yerbatero y las consecuencias que ha provocado.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Carolina Berardi, economista del CEPA, aclaró el panorama y dio especificaciones al respecto.

“Lo que hizo el DNU fue sacarle atribuciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que había sido creado a principal de los 2000, tras un conflicto yerbatero. Ese DNU fue judicializado total y parcialmente y en el caso yerbatero se había logrado vía judicial frenar el capítulo”, explicó Berardi.

A su vez comentó que al no salir el DNU, “desde el gobierno de Javier Milei lo que hicieron fue no designar un presidente al frente del instituto, por lo que está acéfalo y no cumple sus funciones como la de terciar entre los productores y los industriales en cuál es el precio mínimo que deben pagarle los industriales a los productores a la hora de comprar la hoja de yerba verde”.

En ese sentido, Berardi reveló que como los acuerdos se hacen por un plazo de seis meses, tenían precios que venían del Gobierno anterior: “El último mes que estaba establecido, el precio era marzo, empezó abril y como el instituto no realizó sus funciones, hoy no hay precio”.

Y agregó: “Esto significa que los industriales le pueden pagar a los productores lo que quieran, sin ningún tipo de árbitro que tercie a favor o intentando equilibrar la balanza en una relación que claramente es desigual porque, por un lado, tenés 5 o 6 empresas industriales que acumulan el 73% del mercado y, por otro lado, tenés 12 mil productores, la mayor parte pequeños, entonces, la capacidad que tienen de negociar esos 12 mil con cinco empresas, ya sabemos lo que pasa”.

Por otro lado, para entender aún más la situación, la entrevistada citó números concretos: “El Instituto de la Yerba Mate cumple la función de árbitro y dice: 'Yo miré los costos de los productores, vos menos de $270 no le podés pagar'. Ese fue el último acuerdo al que se llegó y, de hecho, desde que asumió Javier Milei, ese precio que se había fijado para seis meses empezó a quedar muy atrasado; los productores empezaron a retacearle a los industriales, lograron llegar a un precio de $370, pero ellos plantean que hoy con $370 están yendo a pérdida, necesitan mínimamente llegar a los $500 por kilo para poder subsistir, cubrir sus costos”.

La economista destacó además una comparación con el precio de góndola: “Hoy está en un 6% lo que recibe el productor, si llegara a $500 representaría el 12% de lo que pagamos en góndola que luce más razonable que el piso tan bajo del 6%, porque es muy bajo lo que están pagando actualmente a los productores, pero es lo que sucede cuando el estado se corre de sus responsabilidades y de su rol de arbitrar en relaciones desiguales”.