Por Ciudadano.News
27 Mayo de 2025 - 08:45
El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa un momento crítico, no solo por el volumen de pruebas ni por la responsabilidad médica en juego, sino por una controversia institucional que pone en jaque su continuidad.
La jueza Julieta Makintach, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, enfrenta cuestionamientos por su presunta vinculación con la grabación de un documental dentro del recinto judicial durante las audiencias.
¿Qué se investiga sobre Julieta Makintach?
La denuncia surgió a partir de una observación de abogados de la querella, quienes señalaron la presencia de cámaras y personal de filmación en las audiencias. La hipótesis que ahora se investiga es si la magistrada autorizó, o no impidió, la grabación de contenido audiovisual en pleno desarrollo del juicio.
El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, fue categórico: acusó a la jueza de comprometer la integridad del proceso. Incluso, pidió su suspensión y reclamó un juicio político por considerar que su accionar podría derivar en la nulidad parcial o total del juicio.
La situación escaló con la aparición de pruebas clave, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad del tribunal que mostrarían a Makintach ingresando al edificio con un presunto equipo de filmación. Además, se solicitaron seis allanamientos para determinar el posible vínculo entre la jueza y la productora audiovisual involucrada.
¿Qué impacto podría tener esta denuncia en el juicio por la muerte de Maradona?
De confirmarse la participación de la jueza en la organización o facilitación de un documental durante el juicio, las consecuencias legales y procesales serían severas. Las partes deberán definir si corresponde apartar a la magistrada del proceso, retrotraer lo actuado o validar los testimonios ya brindados mediante un acuerdo probatorio.
Hasta el momento se realizaron 19 audiencias con más de 40 testigos, entre ellos las hijas del exfutbolista. La continuidad del juicio dependerá de lo que se decida en una audiencia clave convocada por el juez Maximiliano Savarino, del TOC N°3, donde se presentarán los avances de la investigación interna.
Perfil judicial y académico de Julieta Makintach
Julieta Makintach, de 47 años, cuenta con más de 25 años en el Poder Judicial. Ingresó en 1998 al Juzgado de Transición N°4 y en 2017 asumió como jueza del TOC N°2 de San Isidro. Además, posee una maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral, institución donde también se desempeñaba como docente hasta ser suspendida esta semana como medida preventiva.
En sus redes profesionales, Makintach se describe como una apasionada de su labor y se define también como coach ontológica. Pertenece a una familia con tradición judicial: su padre, Juan Makintach, es un magistrado de larga trayectoria, y su hermano —también llamado Juan— figura como socio de la productora Pegsa, la misma que aparece señalada en la polémica por las grabaciones.

Filtración de imágenes y exposición en redes sociales
A la tensión institucional se sumó una situación de fuerte repercusión mediática: la filtración de imágenes personales de la jueza en redes sociales.

En las fotos, que habrían sido tomadas de su cuenta de Instagram, se la ve en traje de baño, posando en contextos veraniegos y relajados. Aunque se trata de publicaciones privadas, su viralización generó un debate sobre la exposición de funcionarios públicos y los límites entre lo profesional y lo personal.

Si bien no existe una normativa que prohíba a jueces y juezas mostrarse en contextos íntimos o distendidos en redes, el caso reabre el debate sobre el rol simbólico de quienes imparten justicia y la imagen pública de sus representantes.


¿Se puede anular el juicio si apartan a la jueza?
Sí. Si Makintach es recusada y se confirma su participación en hechos que comprometan la imparcialidad del juicio, las partes deberán resolver si todo lo actuado hasta ahora se mantiene, se repite desde cero o se acuerdan nuevos lineamientos probatorios. Esto implicaría un retroceso en un proceso judicial que ya lleva más de cuatro años de preparación y exposición mediática.
El caso, que busca determinar si hubo negligencia médica en el entorno que asistía a Maradona, tiene imputados a siete profesionales de la salud, acusados de homicidio simple con dolo eventual. La responsabilidad penal de estos actores está en juego, pero el foco ahora está sobre la jueza, sus decisiones y las posibles interferencias externas al proceso.
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