El Presupuesto 2025 otorga la mitad de los fondos que reclaman los rectores

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el recorte de fondos está lejos de acabar. Después del anuncio del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Senado la semana pasada, el discurso que brindó Javier Milei en el Congreso revivió el malestar.

Según el Presupuesto 2025 anunciado por el mandatario, se les asignaron a las instituciones universitarias públicas poco más de mitad de lo que vienen reclamando los rectores. Y como ya habían anticipado días atrás, universidades y federaciones que nuclean a docentes y no docentes ya empiezan a hablar de una nueva marcha para octubre, replicando la del 23 de abril, en la que se manifestaron más de 1 millón de personas en todo del país.

¿Qué dice el Presupuesto 2025 sobre las universidades públicas?

Pasando a números, el Gobierno nacional, según su pauta de gastos del año que viene, destinaría 3,8 billones de pesos a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige para el funcionamiento de todo el sistema 7,2 billones de pesos.

"A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios", explicó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Y añadió: "No hay intención cierta de recomponer los salarios universitarios de docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en el 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que el Gobierno estima del 18% para el año que viene".

En esa línea remarcó: "Es por eso que esta tarde (por el lunes) nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar".

En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, pero no para otros gastos, como recomposición salarial. Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente del sistema público universitario representan cerca del 85% del presupuesto, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: 4% en junio, 9% para mayo, 8% en abril, 12% en marzo y en febrero, 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron 7% de julio.

A principio de julio, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), declaró la "emergencia salarial" a través de una resolución que indicaba: "El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril", y agrega: "En lo que va del año, el sector perdió 40% del poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación acumulada".

Con información de NA