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RADIO7 Febrero de 2024 - 17:27
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a su par porteño, Waldo Wolff, fueron denunciados por organismos de derechos humanos y sindicatos por la utilización de una sustancia corrosiva por parte de las fuerzas de seguridad, durante los incidentes con manifestantes que protestaron contra la denominada Ley Ómnibus.
Se trata de la “Red Federal por la defensa de los DDHH y la democracia”, que agrupa a múltiples organismos y gremios opositores, quienes pidieron el dictado de una medida cautelar que impida a las fuerzas de seguridad la utilización de ese elemento químico, que es el gas pimienta, y agregaron: “Nos encontramos ante una grave situación de Violencia Institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud”.
“Ello –añade- se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.
En otra parte, además, consideraron que "por sus consecuencias y efectos, califica como instrumento de tortura”. El nuevo gas pimienta, según su denominación vulgar, “viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”, sostiene el escrito, por lo que “Entendemos imprescindible, en defensa de la salud pública y la integridad física de las personas involucradas, que se decrete como medida cautelar la prohibición del uso de este compuesto químico en tanto se avanza en la instrucción de esta denuncia y se determinan sus potencialidades lesivas”, pidió la presentación, que quedó radicada ante el juzgado de instrucción número 14, a cargo interinamente del juez Carlos Bruniard.
Entre las organizaciones que firman la denuncia figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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