Por Redacción
29 Julio de 2024 - 08:27
La polémica por la legalidad de la vuelta del Impuesto a las Ganancias de la mano del paquete fiscal, ya había comenzado a discutirse en el Congreso, en donde la oposición sostuvo que era "inconstitucional" que la Cámara de Diputados insista con los puntos rechazados en la votación particular del Senado, los cuales incluyó tanto el apartado de suba de Ganancias como el de baja de Bienes Personales.
Pero, además, el debate jurídico resurgió la semana pasada, luego de que el Gobierno nacional publicara la reglamentación de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
Los legisladores "dialoguistas" pegaron el grito en el cielo cuando encontraron incongruencias con lo acordado en el Parlamento y amenazaron con ir a la Justicia.
Según fuentes oficiales, no hubo diálogo entre los diputados y la Casa Rosada después del reclamo que encabezó el diputado Nicolás Massot por X (Twitter). En su publicación, alegó que la reglamentación publicada en el Boletín Oficial no contempló la actualización del piso de septiembre del 2024, una excepción a las actualizaciones semestrales que comenzarán a regir desde el año que viene.
Se trata de un punto que aprobaron en el paquete fiscal tras meses de negociación por parte del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. "El Gobierno, al reglamentar, modifica ilegítimamente eso y arrastra ese trimestre a la primera actualización semestral de enero de 2025, convirtiéndola arbitrariamente en trimestral. Esta 'omisión' priva a los trabajadores de una indexación trimestral de 18,5%", alertó el diputado en un hilo de publicaciones en redes sociales. No hubo respuesta del Gobierno, aunque fuentes de Rosada le confiaron a este medio que creen que "la judicialización no tiene ningún tipo de asidero".
La amenaza del bloque surge en medio de una interna que se destapó por una silla en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que Martín Menem, presidente de la Cámara, había acordado en otorgársela a Massot.
Finalmente, por orden de Rosada hubo un cambio de planes que dejó al bloque de Pichetto fuera de la comisión clave y a pesar de que Menem negoció otorgarle a ambos la presidencia de otras Bicamerales, el clima sigue tenso y están preparando una judicialización sobre el paquete fiscal.
Las presentaciones de los sindicatos
Pero los opositores "light" no serían los únicos que llevarían Ganancias a los tribunales, que igualmente no tienen antecedentes de pronunciarse sobre los asuntos políticos judicializados del gobierno de Javier Milei, salvo por parte del fuero laboral.
Aunque la CGT lidera los reclamos con el Gobierno, los gremios que ya llevaron el tema a la Justicia son los de judiciales y bancarios, sectores altamente alcanzados por el impuesto.
Según defendió el titular de La Bancaria y diputado de UxP, Sergio Palazzo, la recomposición de Ganancias "viola el principio constitucional de progresividad", "no permite ningún tipo de deducciones" y "es una ilegal rebaja de los salarios". También sostiene que la ley en sí es "inexistente" porque el Senado había rechazado en particular el punto de Ganancias.
A él se le sumó Julio Piumato, referente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), quien interpuso una acción declarativa en defensa de los derechos de "incidencia colectiva" y planteó su inconstitucionalidad.
Asimismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó una demanda en donde reclaman que la aplicación de la reglamentación se suspenda para sus sueldos por "inconstitucional".
La razón del descontento de los empleados judiciales surge de que ellos, por protocolo, no pagaban el tributo -los jueces, fiscales, defensores y empleados-, mientras hayan ingresado al sector antes del 2017: se trataba de una medida para que haya descuentos para quienes pertenecían al Poder Judicial antes de ascender. Con la nueva ley, esto deja de existir y para la Asociación esto "menoscaba los derechos adquiridos".
Por lo pronto, los que tuvieron una pronunciación de la Justicia con respecto de Ganancias fueron los trabajadores estatales de Neuquén, luego de que le den lugar al planteo de la ATE local y frenaron la aplicación del tributo a través de una medida cautelar. El argumento, en este caso, se basó en lo que venían batallando los representantes de la Patagonia en las negociaciones del Congreso: el costo de vida es más alto y, por lo tanto, no están en igualdad de condiciones.
Es por esto que, hasta la nueva ley, los patagónicos contaban con 22% sobre el mínimo no imponible, y a pesar de haber intentado mantenerlo para la sanción del paquete fiscal, la batalla finalmente fue perdida y no quedaron excepciones para ningún sector. El diputado de UxP, Pablo Todero, presentó un proyecto de ley para insistir sobre este punto.
Con información de BAE
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