Borrón: eliminaron una importante cantidad de empresas de medicina privada por truchas

Un total de 58 mutuales, cooperativas y empresas de medicina privada fueron eliminadas del registro por disposición del superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo. La decisión se tomó con el objetivo de depurar el listado de entidades que no habían cumplido con los requisitos legales para su funcionamiento, a pesar de estar inscriptas como reguladas desde hace años. Muchas de estas compañías figuraban activas con CUIT habilitado, pero no ofrecían ningún tipo de servicio.

La baja oficial se formalizó mediante la Resolución 2438/2024, publicada en el Boletín Oficial. El primer artículo de dicha resolución establece: "Dar de baja a las entidades de medicina prepaga consignadas en el Anexo (IF-2024-90565231-APN-GG#SSS) que forma parte integrante de la presente, cancelando la inscripción provisoria de dichas entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP)". Este registro es el primer paso para que cualquier prestador de salud obtenga la autorización necesaria para operar en el país.

La decisión de eliminar a estas 58 empresas, que no ofrecían servicios y estaban inactivas, forma parte de una política más amplia del gobierno de Javier Milei para "limpiar" el sector. Desde la Superintendencia se anticipó que este es solo el inicio y que se esperan más cierres en las próximas semanas, ya que existen numerosas mutuales y sociedades anónimas con serias irregularidades administrativas. Hasta la decisión de Oriolo, el RNEMP contaba con 661 prestadores inscriptos; luego de la medida, esa cifra se redujo a 603, y se estima que continuará disminuyendo.

Este proceso de depuración no es exclusivo del sector de la salud. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) también está llevando a cabo una revisión similar bajo la dirección de Guillermo Plate y con el apoyo del Ministerio de Economía. La intención es ordenar un mercado afectado por diversos escándalos, entre ellos, los que involucraron a brokers y agentes de seguros durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. El caso del Grupo Campici, vinculado a aseguradoras tradicionales como Boston y Escudos Seguros, es solo uno de los muchos ejemplos de las irregularidades detectadas.

En el Boletín Oficial de hoy también se destacaron varios anuncios importantes. Entre ellos, un llamado de atención a la empresa Testimonio Compañía de Seguros por falta de documentación, y la imposición de restricciones a Comarseg Seguros, una firma con más de dos décadas en el mercado, que se dedica a seguros de vida, sepelio y patrimoniales. Además, la SSN emitió un aviso sobre la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (ART Mutual), que se suma a la lista de operadores bajo sanción.

Otra firma en la mira es Assurant Seguros, a la cual se le prohibió realizar actos de disposición sobre sus inversiones, aunque se permitió que continuara operando con sus cuentas corrientes. Assurant, reconocida por su liderazgo en seguros de personas y garantías extendidas, enfrenta ahora restricciones significativas. Asimismo, otras aseguradoras como Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y Gestión Compañía Argentina de Seguros S.A. también recibieron sanciones.

En paralelo, el gobierno de Milei continúa avanzando en la intervención de diversas obras sociales sindicales que presentaban graves irregularidades en su gestión. Mediante las Resoluciones 1999/2024 y 2000/2024, publicadas también en el Boletín Oficial, se decidió la intervención de la Obra Social de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), designando a administradores provisionales para normalizar su funcionamiento.

Estas acciones reflejan una estrategia más amplia del gobierno, que busca depurar el mercado de servicios de salud y seguros en el país. La administración de Milei está enfocada en eliminar a aquellas entidades que presentan poca o nula actividad, están mal gestionadas o carecen de la documentación necesaria, allanando el camino para la entrada de nuevos jugadores o para una mayor concentración en el sector. Este proceso no solo implica un cambio de escenario en términos regulatorios, sino que también podría impactar en la oferta de servicios de salud y seguros disponibles en el mercado, generando posibles fusiones o adquisiciones entre las empresas más sólidas.