Estrategia de defensa nacional
La puesta en marcha del Plan Paraná, anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional, representa un giro decisivo en la política de control territorial del Estado argentino.
El proyecto se enfoca en blindar el corredor fluvial Paraguay-Paraná, una ruta vital que no solo canaliza cerca del 80% de las exportaciones nacionales (principalmente granos y derivados), sino que también ha sido un punto ciego para el control del narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas.
Con una extensión de 3.400 kilómetros que atraviesa las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, el plan se propone erradicar el flujo ilegal de bienes y personas, superponiendo la presencia estatal organizada sobre las redes delictivas.
El alcance real del Plan Paraná: 3.400 km bajo vigilancia
La iniciativa se centra en recuperar el control pleno sobre el tramo fluvial que va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira, en Uruguay.
Este despliegue masivo implica la coordinación operativa de las cinco Fuerzas Federales -Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal-, Migraciones y Aduana.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue enfática al describir la magnitud del desafío y la determinación oficial. La funcionaria señaló que este plan "viene a recuperar el control y blindar el corredor fluvial más importante del país después de muchos años de abandono".
Y agregó, en un tono de declaración de guerra al crimen: "Hemos planteado una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, en cada metro de tierra y ahora también en cada kilómetro de nuestras aguas."
Tecnología, inteligencia y la guerra contra el narcotráfico
Uno de los pilares del Plan Paraná es la modernización tecnológica y la inteligencia criminal. Se reactivará equipamiento que estaba inactivo desde 2018 y se incorporarán sensores, cámaras, drones y fibra óptica para el monitoreo permanente.
El comando de operaciones se ha centralizado estratégicamente en la Isla del Cerrito (Chaco), un punto clave en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, históricamente vulnerable al ingreso de bandas criminales.
Las autoridades de seguridad destacaron la naturaleza integral del dispositivo. Según expresaron durante la presentación, el trabajo no se limita al patrullaje "terrestre, acuático y aéreo, sino también a un fuerte trabajo de investigación criminal, un fuerte trabajo de inteligencia criminal y de persecución penal inteligente".
Estos elementos son, a su juicio, la clave para "generar resultados" y obtener la evidencia necesaria para desarticular las estructuras criminales.
La clave de la soberanía hídrica y económica
Más allá de la seguridad, el éxito del plan tiene implicancias directas en la economía y la soberanía argentina. Al asegurar un corredor por donde sale la mayoría de la producción agropecuaria, el Estado busca garantizar la transparencia y eficiencia del flujo comercial legal.
Si bien el debate sobre la Hidrovía también incluye las discusiones sobre dragado, licitación y el impacto ambiental en los humedales -un tema que ha generado fuertes controversias con organizaciones ecologistas-, el enfoque actual del Plan Paraná apunta a estabilizar el entorno de seguridad, condición fundamental para cualquier proyecto de desarrollo e inversión futura.
Como lo mencionó un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad, este corredor debe dejar de "superponer flujos legales e ilegales. Necesitamos que el flujo legal cada vez sea más importante y por eso necesitamos tener más control".
La decisión política, en este sentido, parece ser la de transformar una ruta de la criminalidad en un verdadero eje de desarrollo nacional.