¿Sabotaje o estupidez?

Estupidez: Torpeza notable en comprender las cosas. (Diccionario de la Real Academia Española)

Luis Antonio Enrique de Borbón-Condé, duque de Enghien, fue fusilado por traición durante la Revolución llamada francesa. Siendo el último descendiente de la rama de la Casa de Borbón, su muerte produjo la indignación de las cortes europeas.

La ejecución había sido ordenada por el mismísimo Napoleón Bonaparte, quien aún solo era Primer Cónsul. Lo hizo mal asesorado, pues –al parecer– el conde era inocente. Lo que le llevó decir a Fouché, el jefe de su policía secreta: “Il a été pire qu'un crime, il a été une erreur”, o en castellano: “Ha sido peor que un crimen, ha sido un error”.

Sucede que muchas veces los errores políticos pueden salir más caros que hasta un crimen. Por ejemplo, la decisión de no refundar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por parte de la actual administración de Cambiemos puede ser un claro ejemplo de ello.

Al igual que tantos otros temas, Cambiemos heredó situaciones críticas en varias áreas del Estado y la sociedad. La de las FF.AA. era una de ellas, y al igual que en las otras, sus votantes esperaban que se le diera solución.

Lamentablemente, nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario. Desde la pérdida del submarino ARA San Juan, un verdadero Cromañón militar, al deterioro del presupuesto militar parecen indicar que las soluciones se hacen esperar más de lo conveniente y hasta hacen dudar que algún día se concreten.

Siempre hemos sostenido desde estas líneas que una fuerza armada son sus profesionales, sus ideas y sus fierros. En ese orden de prioridades. Es más, hemos remarcado que el presupuesto, siendo bajo como es, no es lo más importante.

Sin embargo, las cosas han llegado a un punto en que debemos ocuparnos de lo menos importante. Omisiones y acciones premeditadas

Hace unos días llegó a los medios el comentario de que los militares no querían participar del desfile del 9 de Julio por encontrarse molestos debido a cuestiones salariales.

La verdadera causa de esta ausencia es bastante más profunda y compleja. Resulta ser el resultado de una larga serie de omisiones, circunstancias o acciones premeditadas que están dejando a las FF.AA. sin el mínimo financiamiento para poder funcionar.

Empezando por las omisiones, podemos citar la Decisión Administrativa Nº 1228/2018 (Modificación Presupuestaria) emitida por la Jefatura de Gabinete, en junio de este año, que en su planilla anexa está repleta de cifras negativas, lo que implica un recorte en las partidas de los respectivos ministerios.

De una lectura rápida se deducen dos conclusiones. La primera es que las reducciones para el Ministerio de Defensa son importantes, y la segunda que, casi con certeza, se trata de la dependencia más afectada de todas, ya que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad no registra ninguna reducción.

Llama la atención que entre los rubros recortados se encuentren los destinados al adiestramiento y la educación, incluidos los fondos a disposición de los liceos militares, cuando una parte importante de éstos provienen de la cuota aportada por los padres de los alumnos que concurren a esos institutos. También, los recortes en las partidas asignadas a los hospitales militares.

Siguiendo por las circunstancias adversas nos encontramos, también, con una serie de embargos librados por distintos jueces para efectivizar las sentencias que ordenan el pago de los juicios contra el Estado promovidos tanto por personal en actividad como retirado, por el cobro en negro de parte de sus haberes.

Este problema, si bien se originó en la década de los 90' y se profundizó en la era K, llega al gobierno de Cambiemos, que no lo soluciona pese a haberlo prometido en varias oportunidades.

Como una verdadera pelota de nieve los juicios y los montos se han ido acumulando con el pasar de los años, muchos de ellos con sentencia firme por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero, por orden de las respectivas contadurías de las Fuerzas no son abonados tal como ordenan esos fallos.

Por causas que desconocemos, hace aproximadamente un año que el Estado ha dejado de apelar las decisiones desfavorables en las instancias judiciales y previas.

Los embargos judiciales a los que hacíamos referencia están bloqueando las cuentas oficiales de varias unidades y dependencias militares, las que se ven imposibilitadas de acceder a esos fondos que le resultan imprescindibles para aplicarlos a cuestiones tan básicas como su comida y sus cuentas telefónicas.

Tampoco han faltado los rumores como, por ejemplo, que los retirados militares serán transferidos de su superavitaria caja de retiros y pensiones, el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFRPM), a la bolsa previsional de la ANSES.No queremos dramatizar, pero basta decir que en estos momentos hay unidades de montaña que no disponen de gas para cocinar y calefaccionarse. Falta decisión política

Llegados a este punto, como Fouché, nos preguntamos si se trata de un sabotaje o de una estupidez.

Antes de contestar a la pregunta, bien sirve agregar para facilitar su respuesta que, hoy, jerarquías similares de las fuerzas de seguridad cobran sueldos significativamente mejores que las de las FF.AA.

Todo ello nos lleva a concluir, prima facie, y sin mejor evidencia en contrario, que existe la ausencia de una voluntad política por detener el deterioro de las FF.AA. Lo que, creemos, no solo es un error –o un crimen, si se prefiere–, sino una soberana estupidez.

No en vano, y volviendo a los franceses, Luis XIV, rey de Francia, hizo que en el lomo de sus cañones se leyera la máxima “Ultima ratio regum” (El último argumento de los reyes), costumbre que más tarde se extendería a casi todos los monarcas absolutos, verdaderos antecesores del Estado moderno.

Y aquí es bueno recordar que éste surgió ante la necesidad de monopolizar el uso legítimo de la fuerza.

Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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