El Gobierno modificará la Ley de Glaciares en Argentina: ¿qué cambios hará?

A través de un decreto presidencial, el Gobierno nacional avanzó con la modificación de la ley de Glaciares en Argentina, habilitando proyectos mineros y de hidrocarburos en zonas periglaciares, hasta ahora restringidas por la Ley 26.639. La norma había sido ratificada por la Corte Suprema en 2019, como pilar para la protección del ambiente glaciar y periglaciar.

Argentina es uno de los mayores reservorios de agua dulce de Latinoamérica, junto a Brasil. Alberga más de 16.000 glaciares, considerados reservorios estratégicos de agua dulce en un contexto de crisis climática. Las zonas periglaciares, que rodean a los glaciares, cumplen un rol fundamental como reservas hídricas y ecosistemas de alta fragilidad.

El anuncio, impulsado por el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, junto con la Secretaría de Energía, tiene como objetivo brindar "seguridad jurídica" a futuras inversiones privadas que deseen desarrollarse en esos territorios. Desde el oficialismo aseguraron que cada iniciativa deberá presentar estudios de impacto ambiental.

¿Qué establece la ley de Glaciares?

La ley de Glaciares, sancionada en 2010 y defendida por organizaciones ambientalistas y científicos, fue diseñada para limitar actividades económicas que pudieran comprometer el equilibrio del ecosistema andino. Entre sus puntos clave figuran la realización de un inventario nacional de glaciares y la evaluación periódica del impacto humano.

En 2019, la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares. En aquel fallo, se subrayó que la protección de los glaciares es responsabilidad conjunta entre Nación y provincias. 

Esta no es la primera vez que se intenta flexibilizar la ley: ya había sido parte de los borradores de la "Ley Bases", aunque fue descartada por falta de apoyo político. Esta vez, el Gobierno eligió la vía del decreto presidencial, lo que generó nuevas tensiones con sectores ambientalistas.

Los nuevos cambios en la legislación buscan abrir camino a la inversión privada y facilitar infraestructura en territorios que, hasta ahora, estaban bajo fuerte protección legal.

Organismos internacionales y agrupaciones ambientales expresaron su preocupación. La ONU había calificado previamente una medida similar como "regresiva" y advirtió que podría afectar el trabajo de los defensores del medio ambiente. 

Con información BAE