¿El Gobierno deroga la Ley de Alquileres? Incertidumbre y propuestas

Luego de una reunión de casi dos horas entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, se baraja la posibilidad de derogar la Ley de Alquileres vigente. Hasta el momento se desconoce la letra chica de la posible decisión, pero podría concretarse por medio de un DNU y luego plantear otra norma.

Al respecto, Marta Liotto, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó en el programa Metaverso de Ciudadano.News: “Un DNU cuando el Congreso está funcionando la verdad que no sería necesario, podrían ponerlo en consideración en el recinto y votar la derogación directamente”.

En tanto, la presidenta del Colegio remarcó que si se hace el anuncio es necesario que se lleve a la acción, de lo contrario genera perjuicios en el sector: “Tenemos muy pocos inmuebles en oferta y los propietarios escuchan que viene la derogación de la ley de alquileres, entonces nos retiran el inmueble de la oferta hasta que se sancione ese decreto”, explicó.

Y agregó que, en consecuencia, “nos encontraremos con menos inmuebles y si no sucede esto del decreto, tenemos un montón de gente que viene todos los días y pregunta 'va a salir el decreto', pasan los meses y el decreto no sale, el inmueble no entra en el mercado locativo de vivienda y tenemos un montón de familias que siguen esperando”.

Por último, Liotto remarcó que “no es el mejor de los caminos, y falta seguridad jurídica porque no se sabe qué pasará y no es el mejor de los escenarios de hecho estamos en el complejo de los escenario inmobiliarios de toda la historia”.

En ese sentido, Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado al respeto que indica:

La Ley de Alquileres debe cambiar, pero no de cualquier manera

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, queremos expresar nuestra posición a raíz a la información trascendida respecto a la posible suspensión por Decreto de la actual Ley de Alquileres.

Nuestra institución ha sido, desde antes de que la norma se aprobara y aplicara, una de las principales voces en contra de la misma, sabiendo (como los principales conocedores del mercado que somos los profesionales inmobiliarios) que sus consecuencias, ahora a la vista de todos, serían adversas tanto para inquilinos como propietarios.

Por esa razón, hemos liderado la propuesta, a la que se sumaron otras entidades representativas del sector, de un Proyecto de Ley que modificara la actual norma, volviendo a los contratos por dos años y brindando libertad a las partes para acordar los ajustes del canon. Ese Proyecto, consensuado con las diversas fuerzas opositoras con representación parlamentaria, sigue sin ser tratada por el Congreso a un año de su presentación.

Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y a nuestro sector) se encuentre entre las prioridades de los máximos funcionarios del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades correspondientes.

Aunque sin duda sería necesario conocer los detalles del texto que supuestamente se planea desde el Poder Ejecutivo (y más allá de las “buenas intenciones” que pueda tener la suspensión inmediata de la Ley de Alquileres), enfáticamente decimos que hacerlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es la forma.

Suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo. Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción.

Por esta razón, solicitamos que la iniciativa política de finalmente actuar en contra de la actual Ley de Alquileres se traduzca no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación antes mencionado tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.

La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años. Pero no se puede solucionar una equivocación con otra. El Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad.