Reparación histórica: proponen indemnizar a víctimas del ERP y Montoneros

En un intento por equilibrar la balanza de la memoria histórica en Argentina, el diputado nacional Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley que propone otorgar una reparación económica y moral a las víctimas de las organizaciones armadas que actuaron en el país entre 1960 y 1989, como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros.

La iniciativa contempla un beneficio patrimonial extraordinario, por única vez, destinado a personas que hayan sido asesinadas, sufrido lesiones graves o gravísimas, o privación ilegítima de la libertad durante más de 72 horas, como resultado directo de atentados realizados por estos grupos armados. El proyecto también contempla a los herederos o derechohabientes de las víctimas, quienes podrán acceder al beneficio siempre que acrediten el vínculo legal o de hecho.

"La historia no puede escribirse con jerarquías morales en el dolor", fundamentó López Murphy en su presentación. "La Argentina debe avanzar hacia una memoria completa e inclusiva".

Más de 17.000 víctimas afectadas

De acuerdo con los fundamentos presentados por el legislador, más de 17.000 personas fueron víctimas de acciones armadas entre 1960 y 1989, en un período marcado por la violencia política y los enfrentamientos ideológicos. Entre los episodios citados figuran hechos de alto impacto como el asalto al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa (1975), el ataque al Batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo (1975) y la ocupación del cuartel de Azul (1974).

López Murphy afirmó que no reconocer a estas víctimas "impide la construcción de una memoria verdaderamente democrática" y explicó que su propuesta apunta a equiparar el trato que el Estado ha brindado a otras víctimas, como las del terrorismo de Estado, que sí recibieron indemnizaciones en décadas anteriores.

Marco internacional y precedente jurídico

El proyecto toma como antecedentes legislaciones internacionales como la Ley 29/2011 de España y la Ley N.º 20.193 de Uruguay, que establecen mecanismos de reparación integral para víctimas del terrorismo no estatal. También se apoya en normativas de organismos internacionales como la ONU y en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso 'Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina'.

El texto define su objetivo como un acto de "igualdad ante la ley" y "solidaridad de la sociedad democrática", y dispone que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la ley en caso de ser sancionada.

Cómo será el beneficio económico

El proyecto establece que el Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación, con un procedimiento sumarísimo para verificar los requisitos. Los solicitantes tendrán 12 meses desde la reglamentación para presentar su pedido. Si la solicitud fuera rechazada, podrá apelarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El artículo 5 determina que el monto base del beneficio será 100 veces la remuneración mensual de un agente del Nivel A, Grado 0, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

• Lesiones gravísimas o privación de libertad por más de 72 horas: 70% del monto base.
• Lesiones graves: 60% del monto base.

El beneficio estará exento de impuestos y tasas administrativas o judiciales. Aquellos que ya hayan recibido alguna compensación judicial o administrativa deberán deducir ese monto del beneficio actual, y si el monto previo fue menor, podrán solicitar la diferencia. Quienes accedan deberán renunciar a futuras acciones legales por los mismos hechos, liberando al Estado de responsabilidades adicionales.

Reconocimiento simbólico y memoria pública

Además del resarcimiento económico, el proyecto prevé medidas de reparación moral y simbólica, tales como la creación de monumentos, memoriales y espacios públicos, tanto físicos como virtuales, que recuerden a las víctimas y visibilicen sus historias.

"La reparación debe ser también espiritual y colectiva. La memoria no puede ser selectiva si el objetivo es una sociedad reconciliada", afirmó el diputado.

El debate sobre la memoria y las reparaciones en Argentina ha sido históricamente sensible. Mientras que durante las últimas décadas se avanzó con políticas de reparación a víctimas del terrorismo de Estado -como se hizo con las leyes reparatorias desde los años 90-, no existía hasta ahora un marco legal para indemnizar a víctimas de grupos armados como el ERP o Montoneros.