Incógnita en el Congreso: ¿el peronismo abrirá la puerta a la reforma laboral de Milei?

La posibilidad de que el Gobierno nacional logre avanzar con una reforma laboral profunda en el Congreso ha puesto al peronismo y al kirchnerismo en especial, en un tenso dilema. El factor decisivo, según fuentes cercanas, fue una reciente intervención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Lejos de un portazo inmediato, la instrucción que habría llegado a las bancadas y a los gobernadores es de "facilitar la discusión", priorizando la moderación en el debate y la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales. 

La orden es clara: evitar ser percibidos como el principal obstáculo a la gobernabilidad, especialmente en un contexto de alta aprobación presidencial. Sin embargo, esto no implica un cheque en blanco.

La "tropa" legislativa buscará delimitar el alcance de la reforma, enfocándose en evitar la pérdida de derechos históricos y manteniendo la presión sobre la homologación de nuevos convenios colectivos.

¿Negociación o mera dilación?

La táctica kirchnerista parece ser doble: por un lado, dar quorum para la discusión, pero, por otro, trabajar sobre el articulado para descafeinar los puntos más polémicos, como la ultraactividad de los convenios y la limitación del derecho a huelga.

En este escenario, la clave reside en la figura del "peronismo dialoguista" o no K, compuesto por gobernadores y un puñado de legisladores que ya mostraron predisposición a negociar a cambio de apoyo para sus provincias. 

Este sector podría ser el verdadero pivote, ofreciendo votos a la Casa Rosada si se satisfacen sus demandas fiscales y de obra pública. El consenso, de existir, sería estrictamente pragmático y acotado a garantizar la sanción de una ley con modificaciones significativas.

El desafío de la CGT

Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta su propia encrucijada. Si el peronismo en el Congreso facilita o incluso acuerda una reforma, la central obrera quedaría en una posición incómoda.

Hasta ahora, la CGT ha mantenido una postura de firme rechazo a cualquier modificación que perciba como un retroceso en derechos. Pero si el proyecto avanza, es probable que la central se vea obligada a evaluar medidas de fuerza más contundentes. 

No obstante, la posibilidad de que la CGT se fracture entre los sindicatos que prioricen la negociación y aquellos que opten por la confrontación es real. 

En un eventual acuerdo Congreso-Gobierno, la CGT podría quedar relegada a la posición de "último bastión" de la resistencia, con la difícil tarea de movilizar a sus bases sin el respaldo monolítico del arco político que tradicionalmente la ha sostenido.