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Investigan a dirigentes sociales por “extorsionar” para que vayan a marchas

Los allanamientos estuvieron a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad por llamados al 134. Las organizaciones sostienen que “se trata de persecución política”

Por Redacción

14 de mayo, 2024 - 09:16

Este lunes se realizaron 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes. Las denuncias fueron recibidas a través de la línea 134.

Las medidas judiciales involucraron a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad  originada por llamadas recibidas a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich para informar si sufrían presiones para asistir a las movilizaciones.

Una de las abogadas que defiende a las organizaciones indicó que "estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia”

La investigación

Desde que se habilitó la línea, la investigación implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total lo fueron 27; entre los que se encuentran:  Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero, como así también dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y amerito la intervención de la Cámara Federal que habilitó los allanamientos como medida de prueba, los que se realizaron este lunes.

Presunta extorsión y administración fraudulenta

Según la fiscalía, se realizaron tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que reciben del Ministerio de Capital Humano, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.

Para conocer quienes participaban se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” económicas para los que no asistían o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.

A partir de la investigación, se conoció que habían “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados  a realiza trabajos; los “beneficiarios comunes” que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor.

Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, expresa uno de los mensajes encontrados.

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos se realización en comedores  y en casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó a los responsables y tras varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.

“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, expresó la fiscalía.

"No nos van a quebrar"

Ante las acusaciones, allanamientos e imputaciones, los dirigentes sociales negaron la presunta extorsión a beneficiarios de planes y denunciaron amenazas y actos intimidatorios durante los operativos ordenados por la Justicia.

Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, advirtió Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero.

“Se trata de persecución política”

Frente al Congreso, referentes de distintas organizaciones sociales hablaron en conferencia de prensa y negaron irregularidades. Sostienen que se trata de una “persecución política” del Gobierno de Javier Milei.

“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó Alejandro  Gramajo, secretario general de UTEP.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero negó que existan amenazas de dar de baja planes sociales por parte de las organizaciones si los beneficiarios no participan de movilizaciones.

El referente social apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,  la hizo responsable de los cambios en los planes sociales y de frenar el envío de alimentos a los comedores, mientras realiza auditorías.

“Pettovello miente en todo lo que dice y ella es la que da de baja planes sociales. Tiene el listado de cada persona que recibe los alimentos. Son unos mentirosos, unos ajustadores a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, enfatizó Belliboni.

En conferencia de prensa,  las organizaciones sociales le pidieron a la Justicia que levante el secreto de sumario para conocer el detalle de lo que se está investigando.

Con información de NA