En el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, la Justicia actualizó las medidas cautelares y embargos preventivos sobre Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de lavado de dinero. Debido a la depreciación del peso y el paso del tiempo, el tribunal elevó las cautelares patrimoniales sobre la expresidenta y el diputado nacional hasta superar en conjunto los 1.074 millones de pesos.
El esquema hotelero e inmobiliario bajo la lupa judicial
La hipótesis acusatoria sostiene que las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como pantallas societarias para canalizar retornos derivados de la obra pública vial en Santa Cruz. A través del alquiler de plazas hoteleras e inmuebles a empresas de contratistas como Lázaro Báez y Cristóbal López, la fiscalía plantea que se otorgó apariencia de legalidad a fondos públicos.
Adicionalmente, se fijó una traba sobre la firma inmobiliaria que alcanzó los 3.013 millones de pesos. A estas disposiciones se suma la inhibición general de bienes en Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, junto con el congelamiento de cuentas y divisas.
El impacto de este entramado supera el ámbito judicial. Durante años, la discrecionalidad en la obra pública y las sospechas de corrupción erosionaron la confianza económica e institucional, exponiendo la fragilidad estructural que afecta las oportunidades de desarrollo en Argentina.