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Bullrich pide ser querellante en la causa por los planes sociales

En la denuncia están imputados 28 referentes barriales, y las denuncias señalan aprietes y castigos para quienes no concurrían a las "marchas"

Por Redacción

14 de mayo, 2024 - 19:15

El Ministerio de Seguridad presento una denuncia a raíz de la investigación que se inició por las llamadas recibidas a la Línea 134, puesta a disposición para los beneficiarios de planes para que puedan denunciar, en algunos casos anónimamente, casos de aprietes, extorsiones y descuento de dinero por parte de dirigentes de las organizaciones sociales.

En esas denuncias, manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones organizadas por los diferentes sectores, delitos que están tipificados en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático. 

 

Con todo esto en vista, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de agrupaciones. 

"En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados", que son 28 personas, se informó en un comunicado del propio ministerio la cartera que dirige.

La Justicia federal realizó, en el marco de esta denuncia, una decena de allanamientos a comedores del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie. Los imputados son 28 referentes barriales, que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.

Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los amenazaron con "darles de baja" el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron "vendidos".