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Bullrich no podrá ser querellante en la causa contra dirigentes sociales

El juez Sebastián Cassanello falló en contra de la ministra de Seguridad por la causa contra organizaciones acusadas de retener parte de los planes y apretar a beneficiarios

Por Redacción

15 de mayo, 2024 - 20:11

En plena investigación de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, luego de una investigación que se inició por las llamadas a la línea 134 para denunciar amenazas de dirigentes a los beneficiarios, la ministra de la cartera pidió ser querellante contra los referentes sociales, pero ese pedido se vio frustrado ya que el juez federal Sebastián Casanello definió que no lo sea.

Casanello sostuvo que el Ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”, afirmando: “No es parte. Es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.

En concreto, Bullrich pretendía desempeñarse como querellante en la causa que investiga extorsiones por parte de dirigentes sociales a personas que cobran asignaciones y planes sociales.

 

Los presuntos delitos que se denunciaron consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir en este último caso. Los hechos se verificaron en la del 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.

 

Inhibidos

En otra medida de la causa, el juez Casanello dispuso preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares. La medida es provisoria, y fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara los allanamientos de las últimas horas.

Casanello le pidió informes al  Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones. La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).