A un año del atentado a CFK, el caso avanza a juicio oral sin incluir la conexión política

Hace exactamente un año, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sacudió un ya convulsionado tablero político nacional, signado por discursos de odio, manifestaciones (muy acotadas) violentas y declaraciones incendiarias en los medios de comunicación.

Frente a su departamento de Recoleta, en medio de una manifestación en su apoyo, un joven logró ubicarse a centímetros de Cristina y gatillarle en la cabeza. Por milagro la bala no salió.

Los autores materiales fueron rápidamente identificados y detenidos, pero la investigación judicial distó mucho de estar a la altura de un ataque tan brutal contra la democracia argentina en un país que tiene una historia trágica de violencia política.

Acciones que no se tomaron, pistas que no se siguieron, los celulares que no se preservaron, la inacción de funcionarios judiciales es constantemente cuestionados en relación a cómo se debió actuar frente a un hecho delictivo que tuvo a la institucionalidad del país en la mira.

Ahora, a un año, se encamina el juicio oral para los “perejiles” que llevaron adelante el intento de magnicidio, pero poco se sabe de sus conexiones políticas. Mucho que desear ha dejado la reacción de parte de un Poder Judicial que acotó la investigación a lo obvio y tuvo muy pocas intenciones de agotar las posibilidades de develar la trama completa de semejante ataque institucional.

Repaso del caso por la agencia Télam.

El camino judicial

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron a Télam fuentes judiciales.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

El atentado se produjo en la noche del 1 de septiembre del 2022, cuando la vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta, y Fernando André Sabag Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló dos veces, pero sin que saliera ningún disparo.

Su novia, Brenda Uliarte, estaba presente en las inmediaciones del lugar, al cual arribaron juntos.

En el debate oral, Sabag Montiel tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano.

Una reciente declaración periodística de Telleldín, conocido por haber sido investigado en el marco de la causa del atentado a la AMIA, generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el atentado, ya sea en el debate oral o en los tramos que aún permanecen en etapa de instrucción.

"Dentro de unos quince días, Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie, sino para que vayan a provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical.

Como imputada, Uliarte no está obligada a decir la verdad, por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de ampliar su indagatoria o declarar en el juicio oral, presenta algún elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos.

El nombre del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, apareció en el expediente el 23 de septiembre pasado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente: ambas negaron que esa frase haya sido pronunciada.

Esa pista no fue elevada a juicio: recientemente la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del teléfono de Milman (que finalmente entregó voluntariamente) y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados.

Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi demarcaron que "la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-", según surge del fallo al que accedió esta agencia.

En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.

Otra de las medidas de prueba que aún se encuentra en etapa de instrucción tiene que ver con la denominada Regla de Tueller: un papel que decía "La Regla de Tueller (pistola versus navaja)" fue hallado en la habitación de Uliarte en la casa de su padre durante el allanamiento que le realizaran el año pasado.

Luego de mucha insistencia por parte de la querella, Rívolo ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si el escrito secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el intento de magnicidio, Sabag Montiel, Brenda Uliarte o Gabriel Carrizo.

La denominada 'regla de Tueller' alude a la distancia mínima que necesita una persona (eventualmente un miembro de una fuerza de seguridad) para tener chances de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a una agresión con un arma blanca.

Como parte de la investigación de esa pista, días atrás declaró como testigo -por primera vez en el expediente- el padre de Brenda Uliarte, Leonardo Uliarte, quien se encontraba presente en su domicilio particular el 7 de septiembre del año pasado, cuando se concretó un allanamiento en esa vivienda.

Advertido respecto de que no podía declarar en contra de su hija, Uliarte padre se limitó a contar cuestiones vinculadas al allanamiento y a la vida familiar y reveló que no sabía que su hija había dejado de vivir en su casa.

"Me sorprendí cuando entramos a su habitación y vimos que ni siquiera estaba la tele que yo le había regalado, que todavía la estoy pagando. Yo no sé si mi hermana o alguien más sabían que ella se había ido. Nadie me dijo nada tampoco. Pensé que iba y venía, pero que se haya llevado las cosas me sorprendió al entrar a la habitación el día del allanamiento", relató.

También afirmó que le habían llamado la atención las apariciones televisivas de su hija: "Antes del atentado me mandó un mensaje mi primo Franco Oballes, de que (Brenda) había salido en la tele hablando de los planes. Y a mí me llamó mucho la atención que ella tuviera una opinión pública, porque era una piba tan callada", contó.

Ese testimonio volvió a encender las alarmas de la querella, que aún se pregunta si hubo autores intelectuales que manipularon a los acusados para que intentaran cometer el magnicidio.

Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación". Pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.

El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril del 2022, cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a un vecino ya fallecido.

De las conversaciones por WhatsApp que lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica.

"De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar esas conversaciones.

Los planteos rechazados

El principal fue el pedido de unificar la investigación por el intento de magnicidio con la causa en la que se investigan las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.

Sistemáticamente, fueron rechazados los pedidos para investigar conjuntamente ambos episodios porque tanto la jueza Capuchetti cuanto la Cámara Federal consideran que no hay relación entre uno y otro expediente.

La querella presentó una línea de tiempo en la que mostró que cada vez que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibía pagos para trabajos de gran magnitud, que su pequeña carpintería no podía afrontar per sé y debía tercerizar para amueblar un edificio en Vaca Muerta, días después había una actividad violenta de la agrupación.

Esos pagos provenían de la empresa Caputo Hermanos,  través de un rocambolesco vínculo de una de las integrantes de la familia del ex funcionario de Juntos por el Cambio Luis “Toto” Caputo con el propio Morel, detalla Noticias Argentinas.

Sabag Montiel continúa, a disgusto, con la defensa oficial de Juan Martín Hermida, a quien descalificó en una carta manuscrita que envió al tribunal; Brenda Uliarte contrató al ex acusado por la voladura de la AMIA Carlos Telleldín y bajo su defensa prometió hablar cuando se realice el juicio oral.

El jefe de “Los Copitos”, Carrizo, tiene desde el primer día la defensa del penalista Gastón Marano y consiguió la calificación legal más leve de los tres: partícipe secundario del intento de magnicidio, una figura que aún en caso de condena sería sensiblemente menor a la de sus consortes de causa.

Las penas para Sabag Montiel y Uriarte (según el cálculo que siga el tribunal, de acuerdo con doctrina y jurisprudencia despareja) podría trepar hasta los 25 años de cárcel; Carrizo, en cambio, tiene una expectativa menor en caso de condena: un máximo de 15.

Tampoco se ha profundizado en la investigación sobre las omisiones de seguridad en torno a la vicepresidenta, que permitieron que en un escenario público, plagado de adherentes a su idea política, un hombre colocara un arma a diez centímetros de su cabeza y gatillara.

La querella mira hacia la Policía de la Ciudad, pero el abogado Gregorio Dalbón (quien asiste a Cristina Kirchner en otras causas) también desconfía de la Policía Federal.

Cabos sueltos que parecen destinados a permanecer así, cuando se cumple el primer aniversario de un episodio que pudo poner (aún más) patas para arriba la escena política y social en la Argentina.