¿Es constitucional el pacto para controlar el uso de redes sociales?

El Gobierno anunció este martes que trabaja en un proyecto para promover “el bueno uso de las redes sociales”. Así lo adelantó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien agregó que el obetivo es que "dejen de intoxicar el espíritu de la democracia”.

Para comprender en detalle este tema, el abogado constitucionalista Diego Armesto habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado sobre la iniciativa que busca controlar el contenido en las redes sociales. “En realidad es una serie de hechos que, normalmente, los que quieren regular las redes sociales son los países autocráticos, donde hay un poder dictatorial fuerte y donde no se permite la libertad de opinión", comenzó relatando.

“Esto tiene que ver con el pacto al que Argentina se subió en el 2021, donde muchos están ocupados por las redes sociales y el discurso del odio. Lo que lo hace grave es que el Estado te quiera controlar. Beliz habla del bien común, si pregunto a los televidentes '¿qué es el bien común?', la respuesta será una para cada uno. No hay un concepto unísono", continuó el especialista.

En ese sentido, agregó que “el viejo código de Vélez hablaba de la buena moral y buenas costumbres. Pero no es la misma moral que la del 2021. El concepto de bien común no es el mismo que existía en la época en que el Papa desarrolló el concepto. Cuando en una normativa incorporás conceptos ambiguos, termina en discreción por parte del Poder Ejecutivo. Es una tendencia de parte de este Gobierno, no digo que el anterior quede libre de culpa y cargo. Lo que tenemos que tratar es que nosotros como ciudadanos tengamos mejor control de la información que vamos recibiendo".

“Fijate la guerra de Ucrania y Rusia. Si no fuera por las redes sociales, todos nos transformamos en cronistas. O lo que pasa en Cuba, donde se corta el servicio de internet y el norteamericano pone el servicio para que puedan seguir usando las redes sociales. A muchos funcionarios les molesta esta libertad de las libertades que tenemos todos. Lo que tenemos que ser es responsables, nosotros que recibimos tratar de distinguir la información que recibimos. Sabemos que hay operadores de prensa y de medios en todos lados que pueden vender fake news. Lo que hay que hacer es chequear", continuó el abogado constitucionalista.

Por su parte, Armesto manifestó que “el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy claro, es el 13.3. Tiene una claridad meridiana en cuanto a la libertad de expresión. Si no fuera por eso, no hubiéramos tenido el fallo Ekmekdjián contra Sofovich o la posibilidad de tener una ley de acceso a la información pública, que hoy está suspendida por el Gobierno Nacional. Entonces la información es poder, que el ciudadano tenga acceso es mucho más poder. Lo que parece es que a los gobiernos les da miedo que los ciudadanos se informen, lo cual es grave".

-¿Es factible de aplicar?

-Sigo sosteniendo que toda limitación de derechos tiene que ser por ley. Si el Congreso no interviene y hace una ley donde reglamenta esto, claramente va a terminar en un juez que creo yo lo debe declarar inconstitucional en función de toda una normativa en contra de lo que propuso Beliz.