|12/10/23 10:12 AM

Una jueza ordenó que vacunen a una beba recién nacida tras la negativa de la madre

Los médicos que asistieron a la beba se toparon con la negativa de la madre a inocularla, entonces la denunciaron en Tribunales

Por Redacción

12 de octubre, 2023 - 10:12

Una jueza de familia de Rosario, en Santa Fe, ordenó a un centro salud de la ciudad que vacune a una recién nacida contra la Hepatitis B y la tuberculosis (BCG), incorporadas en el calendario oficial de vacunación y vitales en las primeras horas de vida, luego de que la madre se negara a la inoculación.

Ante una situación que ponía en riesgo la salud de la pequeña, un directivo y una médica de la institución solicitaron la medida de protección de personas ante el Poder Judicial, según detalló el diario La Capital, de Rosario.

La negativa de la madre

A mediados de septiembre, los profesionales médicos de un centro de salud de la ciudad de Rosario se encontraron con un planteo que, sobre todo durante la pandemia del Covid-19, generó intensos debates y tensiones: personas que se oponen a las vacunas, en este caso respecto de una bebé recién nacida.

Según una resolución judicial del 27 de septiembre, la situación se generó cuando la progenitora de una bebé se rehusó a que le apliquen las vacunas de Hepatitis B y BCG contra la tuberculosis, incluidas en el calendario de vacunación nacional obligatorio.

La mujer argumentó que la inoculación “implicaría posibles riesgos para la salud de la niña, como alergias”. Y manifestó que accedería “luego de un estudio de inmunidad que haría en otro efector con un especialista”, en un tiempo que no precisó.

Ante ese dilema, la subdirectora y la médica a cargo del departamento de Pediatría del hospital solicitaron una medida de protección de personas ante el Tribunal Colegiado de Familia Nº7, donde tomó intervención la jueza Andrea Brunetti. En la presentación, advirtieron la necesidad de aplicar las vacunas, conforme el plan nacional de vacunación y a la ley de Salud Pública Nº 27.491.

Negar los riesgos

En ese sentido, además, los profesionales médicos expresaron que a pesar de que la progenitora fue informada “reiteradamente por el equipo de salud sobre los riesgos de no colocar las vacunas referidas para la niña y la población general, sostuvo su negativa”.

Tras el pedido, el 14 de septiembre la jueza le corrió traslado a la Defensoría General y al Consultorio Médico Forense para que dictaminen. Además, ordenó la comparecencia de los padres, y se notificó a la subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

La conclusión del Consultorio Médico Forense fue contundente. La médica Paula Keller expresó que “la aplicación de vacunas desde edades tempranas protege a quienes son más susceptibles a contraer enfermedades infecciosas potencialmente graves”.

En ese sentido, manifiesta que en recién nacidos “incluye las vacunas contra el virus Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida) y contra la tuberculosis (BCG)”.

Además, sostiene que “es responsabilidad y obligación de las personas que se apliquen las vacunas correspondientes a cada etapa de la vida, para proteger no solo al que la recibe, sino a toda la sociedad”.

Y al citar la ley 27.491, remarcaron que el Estado es quien garantiza el calendario de vacunación, “estableciendo que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social”.

Argumentos sólidos

A su turno, la defensora general, Alejandra Martínez, consideró que “todo niño tiene derecho a la vida, según lo previsto en la Convención de los Derechos del Niño, y a la salud, contemplada en la Constitución nacional, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios de tratamientos de las enfermedades y rehabilitación de la salud”.

La funcionaria judicial agrega que “se debe priorizar la vida y la salud por sobre las creencias, pensamientos, intereses y valores de sus representantes legales”. Y resalta que esas creencias son de los padres, “no del niño recién nacido, que no tiene autonomía para decidir ni capacidad para elegir y realizar acciones basadas en creencias o valores”.

Al resolver, la jueza tomó en consideración esos dictámenes, en el sentido que ambos expresaron que corresponde en forma obligatoria las vacunas referidas, más allá del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la niña, la presentación de la demanda y su alta médica. Los datos del expediente no se difundieron por resguardo de las partes.

Vacunación, efectiva y preventiva

La magistrada enumeró razones de salud pública y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tutela el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

También citó la Ley Nacional 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) que estable que los organismos del Estado deben garantizar el acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad”.

Brunetti también se apoyó en la Ley Nacional de Salud Pública 27.491, de Control de Enfermedades prevenibles por vacunación, donde se entiende a “la vacunación como una estrategia de salud pública, preventiva y altamente efectiva”.

La jueza Andrea Mariel Brunetti.

Recuerda que a las vacunas se las considera “un bien social” sujeto a los principios que determina, especialmente, la obligatoriedad para los habitantes de aplicárselas, y a “la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular”.

La jueza interpretó que se impone “el deber de hacer valer los derechos de la niña por sobre cualquier otro derecho, incluso el de sus propios madre y padre, y de cualquier adulto”.

Finalmente, hizo lugar a la medida de protección de personas y autorizó al efector de salud a suministrar “en forma inmediata a la beba las vacunas de Hepatitis B y BCG”. Y notificó a los padres que, dada la responsabilidad parental, “deberán abstenerse de impedir u obstaculizar la aplicación de las vacunas, de lo contrario se considerará que desobedecen a una orden judicial, lo cual podría desembocar en una denuncia penal”.