Misterio: ‘ciudadanos del mundo’ que viajan en ‘terranave’

Desde este lunes hay una pareja demorada en un destacamento policial de San Luis y los niños, que dicen son sus hijos, de 11, 8, 5 y 2 años, esperan que la Justicia federal resuelva la situación de los adultos para saber qué hacer con ellos.

El problema, o mejor dicho, el misterio, es que los integrantes de la pareja dicen ser ‘ciudadanos del mundo’ y miembros de un grupo que no reconoce las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales, según publica El Diario de la República de San Luis bajo la firma del periodista Fabián Quiroga.

Los misteriosos humanos ingresaron a la provincia por un puesto limítrofe y exhibieron una especie de identificación que dice: ‘Universal Pass (pase universal) CESTUI QUE VIE 2022’. Esta frase significa, literalmente, ‘La persona a quien se le ha concedido una propiedad inmobiliaria por la duración de su vida’.

Los policías quedaron atónitos y no les permitieron seguir. Ante la posibilidad de la comisión de delitos de índole federal, ese fuero tomó las actuaciones correspondientes.

El caso

Esta increíble e inédita historia comenzó el lunes en horas de la siesta, cuando una camioneta Honda CRV gris llegó al Puesto Limítrofe N° 11 de Las Palomas, en el norte provincial. Los policías que hacían un control le pidieron al conductor que se identificara: “Me considero un ser vivo autodeterminado”, les contestó, pero después les dijo que podían llamarlo Sergio. Dijo que provenían de la zona de Mendiolaza, al norte de Córdoba Capital, con la pequeña localidad de Villa Praga, al noreste de San Luis, como destino.

Su esposa 'An' y los cuatro menores tenían el mismo carnet que él y dijeron no poseer DNI, pasaporte ni ningún otro tipo de documentación de curso legal en el país.

 La patente del vehículo dice UCC-1-308 y la frase “Propiedad Privada”. La Policía la introdujo en un sistema de búsqueda, pero no existe. Los agentes del puesto limítrofe informaron a sus superiores y cerca de las 15 llegaron efectivos del Destacamento 40 de Los Cajones. Para entonces, ya habían puesto en conocimiento a la fiscal adjunta Silvina Argüello, quien determinó, cerca de las 18, que la pareja y los niños fueran trasladados a la dependencia de esa localidad.

“Me considero un ser vivo autodeterminado”.

“En un primer momento intervino la Policía provincial, pero ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal nos pasaron la competencia a nosotros”, le explicó a El Diario de la República el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.

 “No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni a dónde van”, comentó el magistrado, “pero nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores”.

“Mi obligación es preservar la vida y salud, sobre todo de los menores, porque así me obliga la ley, la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, sentenció.

El juez Nacul le corrió vista al fiscal federal de San Luis Cristian Rachid, quien dispuso una audiencia que se celebró en la mañana de este miércoles. El juez participó desde su despacho junto a María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes; Rachid y Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis, lo hicieron desde la capital vía remota, y ‘Sergio’ y ‘An’, si acaso son sus nombres reales, también vía remota desde Los Cajones.

No reconocen ninguna autoridad

“Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarle la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa”, pero “terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban”, informó Nacul.

Según detalló el medio puntano, lo que debe definir la Justicia es si existe algún delito y de qué índole. De momento, las sospechas podrían ser por una presunta violación a las leyes migratorias argentinas o un delito de supresión o falsificación del estado civil de los menores. 

Según las primeras averiguaciones, los involucrados tendrían actuaciones en un Juzgado federal de Salta por tratar de pasar hacia Bolivia por el paso Aguas Blancas con la misma documentación que les secuestraron en San Luis, y también por una maniobra similar en Mendoza, desde donde pretendían ingresar a Chile.

Los niños, resguardados 

‘An’ interrumpió a las autoridades federales durante toda la audiencia dejando en claro que no reconocían su autoridad. ‘Sergio’ se limitó a filmar un video que luego fue subido a las redes sociales de una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, con domicilio en San Rafael, Mendoza, quien en su perfil asegura ser profesora de Derecho y Ciencias Económicas, doctorada en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y en Derecho en la Universidad de Baltimore, Maryland. También dice ser docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce).

Desde el martes, ella fue la encargada de transmitir en vivo una especie de juicio ante el Juzgado Internacional de las Gentes (sic) contra todos los que intervinieron en el procedimiento en Las Palomas, contra el Estado argentino y contra el Gobierno de la Provincia de San Luis.

Sin éxito en el primer acto defensivo propuesto por Rachid y Nacul, los magistrados ordenaron que se les extraigan las huellas dactilares a la pareja de “manera compulsiva” para definir sus identidades, y que los cuatro niños quedaran bajo el resguardo del Juzgado Civil, Comercial, Ambiental, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Tercera Circunscripción Judicial de la Justicia provincial, a cargo de José Ramiro Bustos.

Desde la oficina de prensa del Poder Judicial de la Tercera Circunscripción informaron que no se darán declaraciones sobre el tema y pidió transmitir “que el Juzgado federal es el que lleva adelante la investigación del caso, y que desde el referido tribunal se solicitó la colaboración del Juzgado de Familia del Departamento Junín para el dictado de medidas de protección en favor de los/as menores; hasta tanto se determine la identidad de todo el grupo y el vínculo entre sus integrantes”.

En la noche de este miércoles, tanto la pareja como su vehículo, al que se refieren como 'terranave', aún estaban en el destacamento de Los Cajones.