¿Solución o riesgo constitucional? El debate detrás de la desadjudicación de casas del IPV

El Senado de Mendoza sancionó en forma definitiva la ley que le otorga al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) una nueva herramienta jurídica para desadjudicar inmuebles y avanzar en juicios de desalojo cuando se detecten situaciones de irregularidad. Si bien la medida busca recuperar propiedades que no cumplen con la función social asignada, la iniciativa generó intensos cruces políticos y legales antes de su aprobación.

Garantías en tensión y falta de consenso

Los principales cuestionamientos apuntan a los claroscuros de la normativa, los cuales podrían provocar graves perjuicios anticipados e irreparables a particulares si se determina judicialmente que la desadjudicación fue incorrecta. Durante el debate legislativo, se advirtió que la norma entra en tensión directa con garantías constitucionales clave, tales como el derecho a la vivienda, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa frente a las decisiones estatales.

Por otra parte, la polémica se reavivó al conocerse que no prosperó un artículo que pretendía prohibir la entrega de viviendas sociales a funcionarios públicos o a personas vinculadas por lazos políticos y familiares. Sectores de la oposición enfatizaron que la verdadera transparencia del sistema habitacional debe garantizarse desde el momento de la adjudicación original y no en la instancia posterior de quita, asegurando que el beneficio llegue prioritariamente a quienes más lo necesitan.