El gobierno nacional modificó su organigrama al eliminar por completo el Ministerio del Interior, transfiriendo sus funciones directas a la Jefatura de Gabinete. El cambio estructural establece una conducción tripartita que delega el seguimiento parlamentario y la crucial relación con las provincias en figuras de la máxima confianza de Karina Milei.
Esta centralización institucional no solo persigue una supuesta eficiencia técnica, sino asegurar una lealtad política absoluta en la mesa chica oficialista. Con áreas clave como la comunicación y la negociación política bajo el filtro de la Secretaría General, el entorno presidencial consolida un control total del relato estatal.