Crisis jubilatoria: 5 millones de adultos mayores sobreviven bajo la línea de pobreza

Una cifra alarmante surge en medio de tensas discusiones políticas por el veto a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, ya que más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina viven por debajo de la línea de pobreza. Este dato, proveniente de estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, expone la crítica situación económica que atraviesa uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Brecha profunda entre ingresos y necesidades básicas

Según un reciente informe de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica para un jubilado alcanza los $800.000 mensuales. Sin embargo, la jubilación mínima en agosto de 2024 se situó en apenas $225.497,54. Incluso con el bono adicional de $70.000 otorgado por el gobierno, que eleva el ingreso a $295.000, la cifra sigue siendo significativamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas diarias.

La situación se agrava al considerar a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben pensiones no contributivas. Aproximadamente 500.000 personas perciben la PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima, mientras que un millón de individuos subsisten con pensiones no contributivas de apenas $220.000 mensuales. 

Estas cifras reflejan una realidad insostenible que afecta la calidad de vida de millones de adultos mayores en el país.

Consecuencias directas en la salud y el bienestar de los adultos mayores

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, expresó profunda preocupación por las implicaciones de esta crisis económica en la salud de los jubilados. "La malnutrición es una realidad palpable entre nuestros adultos mayores. Muchos no pueden acceder a una alimentación adecuada debido a la insuficiencia de sus ingresos", afirmó Semino.

Estadísticas alarmantes indican que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol. La incapacidad financiera para adquirir alimentos saludables y necesarios exacerba estas condiciones, poniendo en riesgo la salud y la vida de los jubilados. 

Además, enfrentan serias dificultades para acceder a medicamentos esenciales y cubrir servicios básicos como la calefacción, factores que contribuyen a un deterioro generalizado de su bienestar.

"Es inadmisible que quienes trabajaron toda su vida y contribuyeron al desarrollo del país tengan que elegir entre comer o medicarse", agregó Semino, haciendo un llamado urgente a las autoridades para abordar esta problemática con políticas públicas efectivas y sustentables.

Controversia política por el veto

En este contexto de vulnerabilidad social, el reciente anuncio del Ejecutivo sobre el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria generó intensos debates y críticas. El presidente Javier Milei argumentó que la ley, que proponía un aumento del 8,1% en las jubilaciones, tenía como "único objetivo destruir el programa económico" vigente.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración de Milei defendió la decisión enfatizando el compromiso con el superávit fiscal. "El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", reza el documento oficial.

El gobierno calificó la sanción del Congreso como un "acto de populismo demagógico", argumentando que el proyecto de ley es "irresponsable, ilegal e inconstitucional" por establecer gastos sin la correspondiente partida presupuestaria.

Según el Ejecutivo, implementar dicha ley implicaría recurrir a la emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento, prácticas que, según ellos, contribuyen al estancamiento económico del país en el último siglo.