Aseguran que prepagas están haciendo una "purga" y cometiendo delitos penales

Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que acusó a las empresas de medicina prepaga de "declararle la guerra a la clase media" con sus aumentos, desencadenaron una respuesta urgente por parte de las compañías del sector, quienes solicitaron una reunión con el Gobierno nacional para abordar la situación.

Las declaraciones del ministro desataron una catarata de críticas, ya que fue el mismo Gobierno el que en diciembre desrreguló completamente el sector de la medicina prepaga.

En un comunicado conjunto, las cámaras que representan a las empresas de medicina prepaga, incluyendo Cimara, Ademp y Cempra, afirmaron que las mismas no son formadoras de precios, y que el impacto de la inflación en el país afecta transversalmente todos sus costos, al igual que a las familias argentinas.

Las empresas insisten en que buscan establecer un diálogo constructivo con el Gobierno para abordar la situación del sistema de salud privado, y aseguran estar dispuestas a colaborar dentro de sus posibilidades para resolver los problemas de fondo del país.

Por otro lado, en declaraciones a Urbana Play, Manuel Luaces, abogado y director del Instituto de Finanzas y Derecho Tributario del Colegio de Abogados de San Martín, expuso su análisis sobre la situación actual de los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepagas y los amparos judiciales que están emergiendo como respuesta.

Luaces comenzó destacando la desregulación del mercado de medicina prepaga, señalando al DNU 70/23 del Poder Ejecutivo como el catalizador de esta situación. "A partir del decreto se desreguló totalmente el mercado de prepagas, ahora los aumentos pueden efectivizarse sin autorización", afirmó. "Ahora el mercado está completamente liberalizado, hay aumentos muy extensivos del 200% de diciembre para acá".

Ante estos incrementos exorbitantes, los afiliados se ven obligados a judicializar sus situaciones, presentando amparos con medidas cautelares ante los juzgados federales. "Muchas veces se cristalizan procesos colectivos (...) Está habiendo un cuello de botella, el proceso judicial está desbordado", agregó Luaces.

Una de las cuestiones más preocupantes que resaltó el letrado, es la imposibilidad de cambiar de prepaga para aquellos con enfermedades preexistentes, creando así un público cautivo que está siendo explotado por las prepagas. "Es muy importante explicar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (...) Las prepagas ya tomaron ganancias exorbitantes y están haciendo una purga", agregó. "Es público cautivo, por eso es muy perversa la situación que se está dando".

Además, mencionó que en muchos casos las prepagas incurrieron en delitos penales, como el incumplimiento de medidas cautelares y el abandono de personas. "Están cometiendo en muchos casos delitos penales (desobediencia y abandono de persona). Las prepagas están abusándose de los usuarios", concluyó.

En este contexto, Luaces denunció que las prepagas están actuando en complicidad con un estado nacional favorable a sus intereses, abusando de los usuarios y consumidores.