Denuncian maniobras políticas en el IPV

El Ciudadano retoma un tema que en su portada en el formato papel del miércoles 16 de agosto del año pasado, denunciaba una “oscura expropiación de terrenos, que involucran a la anterior gestión del IPV por apoderarse de tierras donde se iban a construir casas para 191 familias en Maipú”. 

Aquí se desarrolla la síntesis de una complicada historia que se inició en el año 1994, cuando se creó la Asociación Civil Amas de Casa Cuyana. El objetivo fundamental de la misma fue contener a 191 familias con posibilidades de tener su vivienda propia, objetivo que la transformó rápidamente, por esos años, en una de las organizaciones más grandes e importantes de Cuyo con proyección nacional en su tipo.

Los primeros pasos que dieron los miembros de la entonces flamante asociación fueron los de reunirse con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), tras lo cual se acordó un crédito directo para la adquisición de tierras, su urbanización y la construcción de las casas. 

Finalmente, las obras se concretaron en 1998 con la compra de tres fincas ubicadas entre las calles Rawson y 9 de Julio, del departamento Maipú, por un total aproximado de 9,5 hectáreas, que conforman 191 lotes de 300 m2 cada uno distribuidos en once manzanas. La cifra global del crédito fue de $878 mil, y solo el terreno tuvo un valor de $276 mil. El monto acordado debía ser devuelto por cada socio en pesos, en veinte años y con un interés del 4% anual. Una vez realizado el desembolso, en ocho meses se ejecutaron el cerramiento y la urbanización con un alcance de obra del 98 %, que incluyó cloacas, luz, vereda, cordón, acequia, postes de luminarias y la instalación de un transformador.

Los problemas sobrevinieron cuando la asociación queda acéfala durante diez años tras la muerte de su primera presidenta, Ana María Sperotto, momentos en los que increíblemente nadie quiso asumir la titularidad de la entidad durante ese tiempo.

Es entonces cuando comienzan a producirse movimientos poco claros por parte de directivos del IPV, según denuncian algunos socios de la entidad, y se empezó a reclamar el pago total del crédito con otras condiciones, y a la vez, negar el derecho firmado de concluir el barrio y entregar las escrituras a cada adjudicatario que estuviera al día en las cuotas pactadas. 

El punto culminante, señalan los socios, fue cuando el entonces presidente del IPV Omar Parisi dijo que la Asociación le debía al organismo US$ 5 millones. Un verdadero disparate que la Justicia se encargó de desechar recordándole al organismo el convenio firmado oportunamente para pagar en pesos, con cláusulas y facilidades que el IPV quiso desconocer flagrantemente. Nadie podía negar –agregan desde la Asociación- que se estaba ante una mano negra que representaba intereses políticos y económicos para adueñarse de algo que se había transformado en un predio con mucho valor.

La acefalía en la titularidad de la entidad por esos diez años y las maniobras detalladas hicieron que en 2014, por un acuerdo entre las Cámaras de Senadores y Diputados, se sancionara en tiempo récord una ley de expropiación, instrumento jurídico firmado por la entonces presidenta provisional del Senado Miriam Gallardo y el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús, que de acuerdo a denuncias que obran en la Justicia, no se ajusta a la verdad de lo sucedido en la Asociación.

A pesar de las chicanas y extravíos, la Justicia fallará

Las irregularidades en el caso de la Asociación Civil Amas de Casa Cuyana continuaron hasta nuestros días, porque a la violenta usurpación de los terrenos con viviendas a medio construir que nadie resolvió y que contó con algún guiño político, se agregan las dudosas maniobras que se habrían llevado a cabo en oficinas del IPV y de los juzgados intervinientes. Allí, denuncia ante nuestro diario el último presidente de la entidad, Gustavo Eduardo Álvarez, “se habrían extraviado cuerpos completos de expedientes que los jueces intervinientes han ordenado reconstruir”.

Respecto de lo que la Justicia estaría por resolver, Álvarez explicó: “Son dos causas que se encararon ante los estrados de la Justicia provincial: la expropiación dictada injustamente por la Legislatura y los inaceptables montos que en su momento pretendió cobrar el IPV en dólares. Sobre esto último, el expresidente del organismo Omar Parisi pretendió que la asociación pagase US$ 5 millones, a lo que un fallo de la jueza del Juzgado Civil Nº 1 Roxana Alamo, le dijo que no y que el monto en pesos y actualizado es de aproximadamente $2,5 millones.

"En cuanto a la expropiación que trata el Juzgado Civil N° 24, se determinó en primera instancia que el Estado debe pagar lo que expropió. El mecanismo es tabular la cifra global, a la que se le debe deducir el monto actualizado que la entidad le debía al IPV, es decir $2,5 millones", indicó. 

"Lamentablemente, cuando el fallo sobre esto último se estaba por producir, el expediente de la causa se extravió en dependencias del Juzgado N° 1”, dijo álvarez.

Ante la gravedad de lo denunciado, nuestro diario le consultó qué se está haciendo y el titular de la asociación respondió: “A pesar de lo oscuro y grave del asunto, nos tomamos todo este año para armar nuevamente el expediente por completo. Juntamos contratos, documentos firmados, notificaciones, todo lo que oportunamente fuimos recopilando. Nadie en el área judicial donde se perdió el expediente, ni en el IPV, nos ayudó a reconstruirlo. Esta es una clara demostración de que existió una confabulación para que esto no fuera resuelto favorablemente sobre una entidad que de 191 afiliados, hoy solo cuenta con 90 familias, las mismas que esperan después de tantos años que la Justicia resuelva el resarcimiento de sus intereses que alguna vez tuvieron que ver con tener una vivienda propia”.

Según se pudo saber, el sonado caso recién tendría resolución el próximo año. La demora en la sentencia se debe a lo que explicaba el presidente de la asociación acerca del intencional extravío del expediente. Sobre esto último, también se pudo conocer que habría originado un frente de tormenta interna en el fuero Civil, donde ya hay una investigación que habrían ordenado las autoridades judiciales y que podría desencadenar hasta un pedido de Jury de Enjuiciamiento.

Esta es una buena señal para enmendar en algo tanto atropello han sufrido quienes solo anhelaban una vivienda en un lugar que se transformó en el coto de caza de intereses políticos y económicos.