Los cruces entre el Gobierno y las universidades nacionales siguen subiendo de tono, y en este caso quien sentó postura es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al asegurar que las universidades están "violando" los derechos de los estudiantes.
Esto lo manifestó ante la negativa de las casas de altos estudios nacionales a ser auditadas: "Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN de algunas auditorías. En la Universidad de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades", dijo en declaraciones radiales.
"Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases", agregó el funcionario, a pocas horas de que la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de un documento, rechazara la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN): "Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo".
"La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025", sostiene el comunicado, y los analistas interpretan que la solicitud de la UBA por ser auditada por la AGN no es casual. Se trata de un organismo de estrecha labor con el Congreso de la Nación, donde el oficialismo mantiene una clara minoría para imponer agenda.
La comisión bicameral Revisora de Cuentas, que es el vínculo entre el Poder Legislativo y la AGN, que lidera el peronista Juan Manuel Olmos, y su presidente es diputado Miguel Ángel Pichetto, quedó conformada la semana pasada.

