Congreso vs el Presidente
El Senado de la Nación aprobó en general un proyecto de ley que establece un aumento del 8,1% en las jubilaciones y vincula su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados tras obtener una amplia mayoría, ha generado un fuerte rechazo por parte del presidente Javier Milei. "Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar", anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa.
Además del incremento del 8,1% y el cambio en la fórmula de actualización, el proyecto incluye una disposición para que en marzo de cada año se aplique un ajuste adicional del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), siempre que esta supere la variación del IPC del año anterior. Esta cláusula busca asegurar que las jubilaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Otra de las medidas destacadas en la iniciativa es la instrucción a la ANSES para garantizar un suplemento alimentario a aquellos jubilados que perciben un solo beneficio, asegurando que sus ingresos totales no sean inferiores al valor de la canasta básica total por adulto, multiplicado por un factor de 1,09. Esto apunta a brindar un respaldo adicional a los jubilados que se encuentran en situaciones económicas más vulnerables.
El proyecto también contempla la cancelación de las deudas que la ANSES mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, así como con beneficiarios que cuenten con sentencias firmes a su favor, estableciendo un plazo de seis meses desde la promulgación de la ley para cumplir con estas obligaciones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha estimado que la implementación de estas medidas representará un gasto adicional del 0,43% del PBI, un monto significativo en el contexto actual de ajuste fiscal. Esta proyección ha sido uno de los argumentos centrales de Milei para justificar su amenaza de veto, calificando a los diputados que aprobaron el proyecto como "degenerados fiscales".
En medio de este panorama, la Casa Rosada, en línea con la política de "déficit cero" impulsada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, al Congreso para defender su postura. Si bien los funcionarios aceptaron el aumento del 8,1%, condicionaron su implementación a que no sea retroactiva a enero, cuando las jubilaciones subieron un 12,5%, en contraste con una inflación del 20,6%.
La discusión en el recinto
El debate en el Senado estuvo marcado por intensos intercambios. El senador radical Martín Lousteau, uno de los firmantes del despacho, fue uno de los primeros en tomar la palabra, subrayando que el costo de la medida podría haberse cubierto mediante la recaudación de impuestos a los sectores más adinerados. Lousteau criticó la decisión del Gobierno de no aumentar la carga impositiva sobre el blanqueo de capitales y señaló la contradicción de condonar deudas a quienes nunca pagaron IVA, Ganancias o Bienes Personales, mientras se escatima en recursos para los jubilados.
Por su parte, Fernando Salino, senador de Unión por la Patria por San Luis, cuestionó la lógica de reducir la inflación a toda costa mientras se recortan beneficios previsionales, argumentando que esta política es incoherente y perjudica a los más vulnerables.
En defensa del oficialismo, el senador libertario Bartolomé Abdala reconoció las dificultades económicas que enfrenta la ciudadanía, pero criticó a la oposición por sugerir que los problemas comenzaron con la gestión actual. Abdala respaldó las políticas de Milei y Caputo, afirmando que, de haberse aprobado la Ley de Bases antes, los jubilados ya estarían en una mejor situación.
La senadora Juliana Di Tullio, también de Unión por la Patria, respondió duramente a las críticas de Milei, calificándolo como un "degenerado social", en referencia a los comentarios del presidente sobre los "degenerados fiscales" que aprobaron el proyecto en la Cámara de Diputados.
El proyecto sigue generando divisiones profundas en el ámbito político, mientras la sociedad espera con incertidumbre el desenlace de este crucial debate que impactará directamente en la calidad de vida de millones de jubilados en todo el país.