Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad

Finalmente, fuentes oficiales confirmaron que este sábado el presidente Javier Milei firmó los prometidos vetos a las dos leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad, que según el oficialismo ponen en riesgo el equilibrio fiscal, y también se informó que saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes, cumpliendo de esta manera los plazos legales. 

Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir, y dar por tierra el intento del Gobierno, lo que anticipa negociaciones fuertes en los próximos días. El oficialismo teme una derrota, en plenos tiempos electorales, y a ello habría obedecido la demora, ya que hace casi un mes de aquella sesión

 

Negociaciones en marcha

 

Las negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados, con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas, ya están en marcha, y con ello el oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

 

 

El argumento central sigue siendo que las leyes son "fiscalmente inviables" dentro del ajuste estructural que lleva adelante el Gobierno para bajar el déficit fiscal, y circulan diferentes interpretaciones de cuál sería el costo real en porcentaje del PBI de cumplir la ley, habiendo dudas sobre la cifra que pronostica el oficialismo. El FMI la estimó en 1,5% del producto.

Las leyes en cuestión son la de Movilidad Jubilatoria, impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, que contempla una fórmula que combina aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La Ley de Emergencia en discapacidad declara dicha emergencia, causada por el recorte de fondos, y busca garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

El veto presidencial puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso lo desestiman con mayoría especial (dos tercios). 

 

Con información de Noticias Argentinas