Despiden a la directora de Logística por el escándalo con el avión presidencial

Menos de 24 horas después de que se destapara un escándalo de corrupción y negligencia en la licitación para el mantenimiento del avión presidencial, Florencia Gastaldi, directora de Logística, fue despedida de su cargo. Gastaldi, quien había asumido durante la presidencia de Alberto Fernández, ya enfrentaba otras denuncias judiciales por manejos irregulares en su gestión.

Salida silenciosa

Aunque el Gobierno evitó pronunciarse públicamente, fuentes del sector confirmaron la salida de Gastaldi, que comenzó con la baja de su firma y usuario del sistema de documentación electrónica de la administración pública, conocido como GDE. La funcionaria reportaba a la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei.

Irregularidades y contactos sospechosos

Entre las tareas de Gastaldi estaba la organización y coordinación de los vuelos de la flota aérea presidencial, así como la licitación para la revisión obligatoria del ARG-01, un Boeing 757-256 adquirido por 25 millones de dólares y fuera de servicio desde el 26 de junio. Las demoras en la contratación de este servicio, con un costo no menor a los 2 millones de dólares, fueron el detonante del escándalo.

Una investigación reveló un contacto sospechoso entre un allegado de Gastaldi y el expiloto de Alberto Fernández, Juan Pablo Pinto. Pinto se presentó ante una de las empresas oferentes como "el único canal con el gobierno argentino y el único que puede lograr que se les adjudique la licitación". Este contacto fue informado al Gobierno en junio por el dueño de la compañía, lo que llevó a la anulación del proceso licitatorio. Sin embargo, Gastaldi permaneció en su puesto hasta ahora.

Denuncias penales

Gastaldi enfrenta ahora una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, junto con Pinto y Sebastián Ibáñez, titular de la Casa Militar. Además, tiene denuncias por el presunto alquiler informal del sector VIP de la base aérea presidencial en Aeroparque a empresas de vuelos privados.

El escándalo pone en jaque la transparencia y la gestión de recursos en la administración pública, dejando en evidencia las profundas fallas en los controles internos del gobierno.