Coparticipación: la tremenda injusticia de un sistema pensado para ser justo

La coparticipación federal de impuestos, puesta en la mesa de discusión por la reciente y conflictiva cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero antes que eso por la decisión unilateral del gobierno de Alberto Fernández de quitarle fondos a la Ciudad para dárselos a Axel Kicillof –que enfrentaba una demanda masiva de la Policía de su provincia– con el supuesto fin de fortalecer la seguridad.

Ahora, tras el fallo del máximo tribunal que decidió que parte de esos recursos deben ser devueltos a la Ciudad Autónoma, y la primera manifestación oficial de desconocer esa orden, que augura un conflicto institucional de inevitable daño, agravado con la orden posterior de promover un juicio político a los miembros de la Corte, vale la pena una revisión del acuerdo causante de todo este conflicto, que, además, ya involucra de por sí un incumplimiento de la Carta Magna, nada menos.

Un poco de historia

El sistema de Coparticipación Federal de Impuestos es, por la definición que da oficialmente el Congreso Nacional, “el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incorporada al sistema desde la reforma constitucional del año 1994)”. La Constitución Nacional lo regula principalmente en el artículo 75, inc.2.

Pero esa reforma del ’94, ordenó que, en un plazo perentorio, caducado dos años después, en 1996, el país se diera un nuevo sistema de coparticipación, más adecuado a los tiempos por venir. Esta nueva ley implicaría el acuerdo entre todos los actores, las provincias y la Ciudad Autónoma, aunque sotto voce todos los políticos confiesan que eso nunca ocurrirá y sería imposible ese acuerdo, dato crucial para entender que, para la actual dirigencia, de todos los signos políticos, la Constitución Nacional es letra muerta.

La norma en vigencia, sancionada con carácter de transitoria tal cual dice su encabezado, “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir del 1 de enero de 1988”, con el número 23.548, que salió del congreso el 7 de enero de ese año y se promulgó el 22 del mismo mes, tiene un inconveniente central: Buenos Aires aún no era autónoma, recién lo fue desde la reforma del 94, e incluso no elegía sus autoridades, que las ponía a dedo el presidente de la Nación. Sí, la ciudad más importante por lejos de la Argentina no elegía su gobernante.

Durante el gobierno de Carlos Menem hubo modificaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires perdió porcentaje, pero a la vez se le entregó en compensación lo que se conoció como ‘Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense’, una suma millonaria que explica muchas cosas. Se le quitó a la provincia interior, a la productiva, del agro y de la industria, y se le dio en cambio al conurbano, bastión político aun hoy de los poderosos ‘barones del conurbano’, intendentes de enorme poder que construyeron ese núcleo duro e inexpugnable, y que le ha servido al oficialismo como base electoral de cuantiosas victorias en las urnas.

Nunca se acordó un sistema nuevo, más realista y ajustado a las necesidades y realidades productivas, e incluso el Estado se hace de recursos cuantiosos que no coparticipa federalmente, por no considerarlos formalmente impuestos, como las retenciones al agro –sostén real permanente de las arcas públicas, como se ha visto con el dólar soja, por ejemplo– de las cuales se apropia para distribuir y usar discrecionalmente salvo una muy pequeña parte, un fondo que en la realidad no alcanza para modificar ninguna realidad.

El sistema en uso, en su fundamentación, perseguía un fin noble, como es el de que las provincias más desarrolladas y productivas contribuyeran en mayor medida y retiraran menos, para que aquellas más atrasadas pudieran financiar programas de desarrollo que las equiparen al resto.

Es decir, se pensó como un sistema solidario, en auxilio de los que menos tienen –sea por las razones que fuere–, intenciones que la realidad nunca verificó, sino más bien todo lo contrario. Se consolidaron sistemas políticos de tipo feudal, con gobernadores eternos que manejan el Estado como única caja que sostiene las provincias, con un brutal desaliento a la actividad privada, que son verdaderas aspiradoras de recursos púbicos y aseguran fidelidad política de la mano de un clientelismo cerril, como se verá claramente en los números.

Los números

Para entender el problema, lo primero que hay que ver es cuanto aporta cada provincia al Producto Bruto Geográfico, para después comparar con lo que se lleva y ver el balance. El informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para 2021 –aún no se conoce el del año que acaba de terminar–, muestra cifras que hablan por sí solas.

La provincia de Buenos Aires aporta al total el 32,5% de la torta. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 20,8%. Como es lógico, le siguen Córdoba y Santa Fe, con el 8,7% y el 8,1%, respectivamente, mientras que Mendoza ocupa su tradicional e histórico quinto lugar con el 3,3%.

Neuquén, con el 3%; Entre Ríos, con el 2,8%; Tucumán, con el 2,1%; Chubut, con el 2% y Salta con el 1,9% forman el quinteto que completa los diez que más aportan, situación que ya permite ver el desequilibrio de lo que suma cada uno a la riqueza nacional. Estas cinco no alcanzan a aportar la mitad de lo que aporta la CABA por sí sola, y la cito porque es el eje del conflicto que pone en vilo la institucionalidad y división de poderes. Córdoba, Santa Fe y Mendoza sumadas, sï equivalen, décima más décima menos, al aporte de la Ciudad.

Río Negro y Santa Cruz aportaron en 2021 por igual, un 1,4% del Producto Bruto Regional cada una. Por arriba estuvieron Chaco con el 1,6% y Santiago del Estero con el 1,8. Por debajo San Juan, Misiones y Corrientes empatadas con el 1,3%. San Luis, La Pampa y Jujuy también mostraron el mismo caudal con el 1% del total.

Cierran el pelotón de menos del 1% Tierra del Fuego con el 0,9%, y el 0,6% que aportan cada una Formosa, La Rioja y Catamarca.

Otro punto a considerar en las comparaciones, solo a modo de ejemplo, es que las otras tres provincias que componen junto a Mendoza el llamado Gran Cuyo, San Luis, San Juan y La Rioja, suman juntas el 2,9%, menos que el 3,3% que lleva nuestra provincia.

El reparto

Cuantificado ya cuál es el aporte de cada provincia a la torta del producto bruto, y teniendo en cuenta que en esa torta no se computan los ingresos del Estado por retenciones, por no ser coparticipables, cosa que modificaría decisivamente la balanza a favor sobre todo de las provincias productoras del complejo cerealerooleaginoso, pero también hacia las productoras de bienes que se encuentran incluidos entre los que pagan retenciones, como la vitivinicultura, de la que el gran actor sin dudas es Mendoza, es tiempo de ver cómo se distribuyen porcentualmente esos recursos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe el 1.9% del total de los recursos coparticipables, mientras que la Provincia de Buenos Aires se lleva el 21.3% (a lo que debe sumarse el 1,18% que decidió entregarle el Gobierno unilateralmente), por lejos la que más recibe. A continuación, vienen dos casos que merecen detenerse, porque la Provincia de Santa Fe recibe un 8.7% de los recursos – muy cerca de lo que aporta–, pero le sigue el Chaco, siendo la tercera más beneficiada con el 8,4%, multiplicando más que por tres su aporte. Córdoba, que aporta más que Santa Fe, recibe solo el 4,7% de fondos coparticipables, exhibiendo el mayor diferencial en contra, pero muy lejos aún de la discriminación que en este aspecto se observa en los porteños.

La provincia de Catamarca obtiene el 2.6; la de Corrientes 1.8; Chubut el 3.6; Entre Ríos el 4.7 –igual que Córdoba, siendo que aporta menos de un tercio que esta–; y siguen Formosa con el 3.4; Jujuy con el 2.8%. La provincia de La Pampa obtiene el 1.9%, algo menos que La Rioja que se lleva el 2.0, y siguen: Misiones 3.3; Neuquén 1.8; Río Negro 2.5; Salta3.8, San Juan 3.2; San Luis 2.2; Santa Cruz 1.7; Santiago del Estero un 3.9; Tucumán 4.6; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1.3.

Nuestra provincia de Mendoza recibe el 4.1% de los recursos de la coparticipación federal, menos de la mitad de lo que recibe el Chaco, y menos también que Tucumán.

Per cápita

Cuando se analiza cuánto recibe cada provincia per cápita, los datos son realmente escandalosos, y muestran por qué en el título se dice tremenda injusticia. En el acumulado anual hasta noviembre 2022 –aún no están computados los números de diciembre– tenemos cifras que asombran.

Los que más reciben son los fueguinos, a razón de 362,148 pesos por cada uno, mientras que en el otro extremo, por supuesto, están los habitantes de CABA, que solo recibieron del Gobierno 44.550 pesos cada uno.

No es llamativo, teniendo en cuenta la realidad, que lo anteúltimos en recibir fondos de Nación hayamos sido los mendocinos, con 72.913 pesos por habitante. Es decir, cinco veces menos que cada habitante de Tierra del Fuego.

Mirando a nuestros vecinos, los puntanos recibieron cada uno más de 235 mil pesos y los sanjuaninos algo más de 228 mil, es decir, el triple que los mendocinos. Pero menos a su vez de los 283 mil largos de los riojanos y los 276 mil y pico de los pampeanos. Catamarca y Formosa son las otras que están en el tope, con transferencias cercanas a los 350 mil por habitante.

Hay provincias en que los recursos recibidos superan el 90% de sus recursos totales, como Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%). Todo esto explica, entonces, que lo que debería haber servido para achicar diferencias, no ha logrado nada de eso, y por el contrario acentuó lo peor de la política. Los números no dejan lugar a dudas.