Cómo Belliboni habría desviado $361 millones de planes sociales

El juez Casanello investiga un entramado de firmas falsas y facturación apócrifa utilizadas por el Polo Obrero para financiar actividades partidarias con dinero público. Avanza una causa paralela mientras Belliboni ya fue enviado a juicio oral.

Sociedades apócrifas para ocultar el fraude

En un nuevo capítulo del escándalo por el uso indebido de fondos públicos destinados a los planes sociales, el juez federal Sebastián Casanello profundiza la investigación en torno al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Tras enviarlo a juicio oral por fraude y extorsión, ahora el magistrado apunta a los "facilitadores profesionales" que crearon empresas fantasmas para encubrir la millonaria maniobra de desvío.

Se trata de una red de sociedades de papel, utilizadas para simular gastos del programa Potenciar Trabajo, cuyo verdadero destino, según la Justicia, fue el financiamiento de actividades político-partidarias.

Facturación trucha y empresas sin sede: el esquema

"Simulaban gastos que nunca existieron", explicó una fuente judicial cercana al expediente. Entre junio de 2020 y marzo de 2024, el Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por un total de $361.087.500, supuestamente para asistir a 85.000 beneficiarios vulnerables. Pero según la investigación, gran parte de ese dinero fue desviado.

¿Cómo? A través de facturas apócrifas emitidas por empresas sin actividad real. Una de ellas fue Coxtex SA, calificada por la AFIP como una usina de facturación trucha. No fue la única. También aparecen involucradas Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, y hasta una persona física: Carlos Osvaldo Monfrini.

"Un canal para justificar operaciones inexistentes"

La justicia encontró que todas las empresas tenían una característica común: eran utilizadas como "pantalla". No tenían sede social ni operaban comercialmente. Algunas facturas tenían conceptos genéricos, sin detalles ni cantidades, otras eran duplicadas el mismo día por montos idénticos pero con diferentes supuestos productos.

"El objetivo era disfrazar el destino real de los fondos públicos", afirmó el fiscal Gerardo Pollicita en su pedido de juicio oral.

Quiénes son los "profesionales del armado trucho"

En este contexto, Casanello llamó a indagatoria a Anahí Rivero y Leandro Gastón Kebleris, acusados de haber sido parte clave en la creación de estas sociedades ficticias. Rivero es gestora; Kebleris, un operador habitual en estas maniobras. Ambos deberán presentarse ante la justicia el próximo 13 de mayo.

La participación de Lucía Agúndez, abogada, y Juan Bautista Derrasaga, escribano, también llamó la atención. Derrasaga ya fue señalado en causas resonantes como la "Ruta del Dinero K".

Rumbos: el nexo final

Una constante en todas las maniobras fue la intervención de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, empresa que recibió pagos de otras firmas involucradas, convirtiéndose en el canal final del retorno de dinero al Polo Obrero.

Solo Rumbos emitió 179 facturas por más de $31 millones, muchas de las cuales estaban plagadas de inconsistencias. "Rumbos era la caja negra", dijo otra fuente judicial.

Más allá de Belliboni: una trama más amplia

La justicia considera que el delito va más allá de Belliboni y su núcleo político. La falta de rendiciones, la emisión de facturas falsas, y la triangulación de fondos con empresas inexistentes, configuran una "maniobra de desvío planificada y sostenida en el tiempo".

El juez Casanello no descarta que la defraudación sea aún mayor. Por eso, continúa ampliando la causa, que ya derivó en una investigación paralela centrada en la red empresarial armada para el fraude.