José de San Martín en el banquillo: el juicio que sacudió a Londres

Durante su estancia en el Reino Unido a partir de mayo de 1824, la vida de José de San Martín se desarrolló entre sus amistades y las figuras influyentes de la sociedad británica de la época. 

En Londres y en otros condados, el General del Ejército Libertador fue recibido con honores en numerosas ocasiones. A través de su gran amigo, el militar y político escocés James Duff, fue nombrado 'Ciudadano Ilustre' de la ciudad de Banff, en la remota y pintoresca tierra escocesa. 

En Gran Bretaña y en buena parte de Europa, el Padre de la Patria era ampliamente reconocido como uno de los grandes emancipadores de Sudamérica, un héroe cuya lucha por la libertad resonaba más allá del Atlántico.

Además de estos honores, San Martín vivió un emotivo encuentro en Londres con su hermano mayor, el coronel Justo Rufino San Martín, también nacido en Yapeyú. Ese reencuentro no solo fortaleció sus lazos familiares, sino que selló una convivencia fraternal que perduraría hasta la muerte de Justo Rufino en 1832. Durante esos años, ambos hermanos compartieron momentos de reflexión y apoyo mutuo. 

No obstante, mientras disfrutaba de la hospitalidad británica y del cariño de sus allegados, una preocupación persistía en la mente de San Martín: debía enfrentar un juicio en tierras extranjeras. 

La sombra de una disputa legal lo seguía, un asunto que no solo ponía en juego su honor, sino también el reconocimiento de su legado como representante del Gobierno del Perú. 

A pesar de los honores y reconocimientos, la realidad de este conflicto legal se cernía sobre él como una nube, recordándole que, incluso lejos de los campos de batalla, las luchas podían ser tan complejas como en la guerra misma.

Un empréstito prometedor

En el Londres del siglo XIX, una ciudad que se debatía entre el esplendor de la revolución industrial y las sombras de la desigualdad, se gestaba un drama legal que capturaría la atención de la sociedad londinense. 

Este no era solo un caso más en los abarrotados tribunales de la ciudad. Se trataba de un juicio que cuestionaría el honor de uno de los héroes más grandes de América latina: José de San Martín. 

En una época de exploraciones, revoluciones y grandes riesgos financieros, los ecos de las luchas por la independencia en América se mezclaban con las ansias de lucro de los inversores europeos.

El caso comenzó con la emisión de un empréstito de 1.200.000 libras esterlinas, una suma descomunal que para muchos representaba la llave hacia la fortuna en las lejanas tierras sudamericanas. Este monto fue asegurado en nombre del flamante Estado del Perú, y la operación fue rubricada por dos figuras prominentes: John García del Río y el general Guillermo Paroissien, quienes gozaban de una reputación impecable.

Estos hombres, amparados en su prestigio y la promesa de la independencia peruana, invitaron a los ciudadanos de Londres a invertir en bonos que ofrecían un generoso interés del 6% anual. Para asegurar el compromiso, se utilizaron las rentas de la Casa de la Moneda y las Aduanas del Perú como garantía, haciendo del empréstito una oportunidad demasiado tentadora para los inversores británicos.

Dudas y temor al desengaño

Los fondos reunidos se depositaron en el respetado banco Everett & Co., situado en el corazón financiero de Londres. Las cuentas, abiertas a nombre del empréstito y del Estado del Perú, parecían indiscutibles. 

Sin embargo, la naturaleza volátil de la política internacional siempre sugería precaución. Así, un representante especial, Robert Proctor, fue enviado a Lima con la misión de obtener la ratificación del contrato por parte de José de San Martín, el héroe que había liberado al Perú del yugo realista.

Pero el destino, con su infalible ironía, cambió el curso de los acontecimientos. Mientras Proctor navegaba hacia América del Sur, San Martín ya había renunciado al poder. La noticia de su abdicación llegó a Londres en febrero, causando una oleada de preocupación y desconfianza entre los inversores. 

¿Qué ocurriría con el empréstito si el gobierno del rey Fernando VII lograba recuperar su insurgente territorio? El miedo se extendió rápidamente por los círculos financieros de la 'City', llenando los corazones de muchos inversionistas con un creciente sentido de incertidumbre.

Un respiro breve y la nueva crisis

A mediados de 1823, una noticia trajo alivio a los atribulados inversionistas: el Congreso peruano había aprobado el empréstito, disipando momentáneamente las dudas. Sin embargo, este respiro fue breve. 

En octubre, un barco arribó a las costas británicas con la ratificación oficial del empréstito, pero también con una noticia sombría: Lima había caído nuevamente en manos realistas.

Ahora la pregunta era: ¿existía realmente un Perú independiente capaz de honrar su deuda, o todo había sido un espejismo?

El ambiente en Londres se volvió tenso y preocupante. Los recuerdos del escándalo de Gregor MacGregor, el autoproclamado Príncipe de Poyais, aún estaban frescos en la mente de todos. 

MacGregor había engañado a decenas de inversores con la fantasía de un reino inexistente en la Costa del Mosquito, y nadie quería ser víctima de otro fraude. Las dudas sobre la legitimidad del empréstito peruano comenzaron a aflorar en las conversaciones de los inversores, mientras el miedo al desengaño se hacía palpable.

El juicio

En este contexto de creciente incertidumbre, el 2 de noviembre de 1822 un juicio aparentemente rutinario se convertiría en el centro de atención de toda la ciudad. Mr. Hodson, un británico resuelto a defender lo que consideraba sus derechos, presentó una demanda contra José de San Martín y otros personajes destacados, alegando que el Gobierno del Perú, representado por estos hombres, le debía la suma considerable de £310,901. Según Hodson, esta deuda debía ser pagada, y su demanda era tan legítima como el empréstito que la respaldaba.

El juicio se llevó a cabo en el Tribunal del alcalde de Londres, un lugar que, en ese momento, se transformó en un campo de batalla legal. El abogado de Hodson, el señor Bolland, propuso que se presentara una fianza común para resolver un embargo que se había impuesto sobre los bienes de los demandados en relación con la deuda. 

Esto permitiría liberar los bienes embargados, pero la defensa, encabezada por el hábil abogado Barnard, no estaba dispuesta a ceder sin dar pelea.

Duelo legal

Barnard, un abogado reputado por su sagacidad, impugnó la validez de la declaración jurada que Hodson había presentado en apoyo de su demanda. Sostuvo que, al haber sido retirada, la declaración carecía de cualquier valor legal. 

Sin embargo, la defensa de Barnard no se limitó a ese argumento. Con precisión quirúrgica, sostuvo que la declaración jurada no había sido realizada ante un juez o un funcionario competente, sino ante un simple secretario del Tribunal, lo que la convertía en un documento inadecuado para justificar el embargo de bienes.

Este tecnicismo legal, aunque aparentemente menor, tenía el potencial de desmantelar todo el caso de Hodson.

El juicio se transformó en un duelo verbal entre los abogados. Barnard no dejó pasar ninguna oportunidad para desacreditar la declaración de Hodson y sembrar dudas sobre la legitimidad del Gobierno del Perú. ¿Cómo podía un tribunal británico reconocer a los demandados como representantes de un gobierno cuya existencia era incierta? 

Esta pregunta resonó en la sala, cargando el ambiente de tensión y sumiendo a todos, incluidos los jueces, en un estado de incertidumbre.

La decisión del Tribunal

El 2 de noviembre de 1824, la Corte, consciente de las implicaciones internacionales de su decisión, se vio obligada a actuar con la máxima cautela. Los jueces sabían que su fallo no solo afectaría a los litigantes presentes, sino que también podría repercutir en la percepción pública y en las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y las nacientes repúblicas sudamericanas. 

Cada palabra, cada resolución, llevaba un peso que trascendía las paredes del Tribunal.

Finalmente, después de un intenso debate, el Tribunal tomó una decisión que dejó a todos en la sala expectantes. Con una voz firme y segura, el juez principal anunció que el embargo quedaba anulado debido a la insuficiencia de la declaración jurada presentada por Hodson.

La falta de validez formal del documento era suficiente para invalidar el embargo, y aunque otras objeciones también habían sido planteadas, no era necesario abordarlas, dado que la base misma del caso de Hodson había sido socavada.

El impacto y las consecuencias

La sentencia cayó como un balde de agua fría sobre Hodson y sus seguidores. El Tribunal había desestimado su caso, no por falta de mérito, sino debido a un tecnicismo legal que dejó a muchos decepcionados. 

Mientras tanto, los defensores de San Martín y sus coacusados respiraron aliviados, conscientes de que habían evitado una condena que podría haber tenido consecuencias desastrosas tanto para ellos como para la causa de la independencia sudamericana.

Sin embargo, este juicio fue solo el principio. En los meses siguientes surgieron nuevos litigios en los tribunales británicos, cuestionando no solo la legitimidad del empréstito peruano, sino también la autoridad de quienes lo habían negociado. 

Los jueces británicos, atrapados entre el deber de hacer cumplir la ley y la necesidad de mantener una neutralidad diplomática, continuaron navegando en aguas turbulentas.

El juicio de Hodson contra José de San Martín y otros quedó registrado en los anales de la historia legal como un reflejo de una época en la que la política y la finanza se entrelazaban en un juego peligroso. 

En un contexto donde las naciones sudamericanas luchaban por su independencia y los inversores europeos buscaban nuevas fronteras para expandir su riqueza, el caso simbolizaba el choque entre el viejo y el nuevo orden mundial

Los inversionistas londinenses, atrapados entre sus sueños de riqueza y sus temores de ruina, tuvieron que confrontar la dura realidad de que, en el incierto mundo de la política internacional, sus inversiones podían desvanecerse tan rápidamente como habían surgido.

La historia del empréstito peruano, al igual que la del ficticio reino de Poyais, sirve como un recordatorio de los riesgos que acompañan a las oportunidades en tierras lejanas.

Así, mientras Londres avanzaba inexorablemente hacia la modernidad, el juicio de Hodson contra el General José de San Martín se desvaneció en la memoria colectiva, dejando una lección perdurable sobre los peligros de la ambición desmedida y la fragilidad de las certezas, no del gobierno británico, como algunos historiadores afirman, sino de unos financistas oportunistas que aprovecharon a estas incipientes naciones para obtener pingües ganancias.  

Aunque los nombres de los involucrados se han perdido en el tiempo, las implicaciones de sus acciones siguen resonando en los ecos de la historia, recordándonos que, en el vasto teatro de la política y la finanza, incluso las certezas más firmes pueden desmoronarse ante la implacable realidad de un futuro incierto.