Presentaron la primera denuncia por irregularidades con el gasoducto Néstor Kirchner
La acusación formal surge de la Fundación Apolo, aunque se espera que con el correr de las horas, desde Juntos por el Cambio se sumen a la denuncia
Por Redacción
Desde Fundación Apolo presentaron a última hora de este domingo una denuncia contra los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), luego de la salida de Matías Kulfas del Gobierno Nacional a partir de la información en “off” sobre irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que hicieron circular funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Presentamos una denuncia para que la Justicia investigue la licitación en la cual, según Matías Kulfas, hubo un procedimiento fraudulento. El directorio de IEASA habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner”, publicó la organización a través de sus redes sociales.
La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo.
Según la información en off brindada por el entorno de Kulfas, “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. Se trata de la ex Enarsa, una de las empresas estratégicas en materia energética y que la lidera Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se resaltó en la denuncia.
Cabe destacar que según información que circuló en medios de comunicación, las irregularidades en la obra habrían implicado “la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”, señala el documento haciendo referencia a las declaraciones de un sector del Gobierno que acusó a funcionarios cercanos a la vicepresidenta de armar el pliego de licitación del gasoducto Néstor Kirchner “a la medida de Techint”.
En tanto, el art. 174 del Código Penal estipula el catálogo de defraudaciones agravadas y, en su inciso 5°, reprime con una pena de entre dos y seis años de prisión a aquel “que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública, y como pena accesoria que si el culpable fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.
Tras la presentación de esta denuncia, se espera que se sumen dirigentes de Juntos por el Cambio. La diputada nacional Graciela Ocaña adelantó que impulsará una investigación penal junto con su par de la Cámara Baja, Waldo Wolff.
Además, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación presentará un Proyecto de Comunicación donde exigirá al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron surgidas desde el propio Gobierno.