Constitucionalistas piden juicio político a Alberto Fernández

Luego de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con 14 gobernadores para mostrar rechazo al fallo de la Corte Suprema, en referencia al porcentaje de coparticipación que se le quitó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, varios abogados constitucionalistas salieron al cruce.

Algunos de estos profesionales esgrimen que "esta desobediencia es causal de juicio político"

Entre las voces que se alzaron en contra figura la de Diego Armesto, abogado, docente, y miembro del Instituto de Derecho Constitucional. En una charla que tuvo con el sitio Infobae, el profesional explicó que, si se llega a dar el incumplimiento de la medida cautelar por parte del presidente, "esto podría traer consecuencias en el ámbito penal y en el legislativo".

"Que el presidente se manifieste así indica un grave conflicto de poderes" sostiene Armesto, y agrega que "su accionar podría encuadrarse dentro del artículo 36 de la Constitución Nacional".

Este artículo hace referencia a "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático". En relación a esto es que el abogado sostiene que "es causal suficiente de juicio político".

"La decisión del presidente podría entenderse como un delito de sedición, el cual está tipificado en el artículo 230 del Código Penal". Ese apartado sostiene que "se reprimirá con prisión de uno a cuatro años a quien se alce públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales, o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales".

Otro de los que se manifestó en contra de la postura de Alberto Fernández fue Daniel Sabsay. El abogado y catedrático argentino, especializado en derecho constitucional​, sostuvo "solamente en Argentina se puede dudar sobre el acatamiento o no de un fallo de la Corte, y esto no es otra cosa que un incumplimiento de la Constitución".

Sabsay sostiene que "la Corte Suprema es, precisamente, el control contramayoritario que está concebido en la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, de 1787, que trata, justamente, no sobre el mérito y conveniencia de una decisión de uno de los poderes políticos, pero sí de cuando ellos incurren en errores vinculados con la posibilidad de afectar derechos o garantías constitucionales”.

Hombre de redes sociales, Sabsay señaló que "el máximo tribunal debería intervenir, porque lo que se está produciendo es, claramente, un desacato, una desobediencia de los deberes de funcionario público, y un abuso de poder: lo contrario de lo que debe hacer un poder encuadrado en la Constitución".

Otro de los que habló al respecto fue Alejandro Fargosi. Abogado y Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014, dijo que "el incumplimiento por parte del Presidente de esta medida cautelar es un golpe de Estado contra el Poder Judicial". Y junto a sus colegas, sostuvo que "se está violando el artículo 36 de la Constitución Nacional".

“Todos los gobiernos han respetado siempre a la Corte Suprema, o la han cambiado, pero nunca la desobedecieron. Por primera vez en la historia, y sin ningún tipo de vergüenza, estas personas violan también los artículos 116 y 117, que establecen que las discusiones las resuelve el Poder Judicial y que aquellas que son entre las provincias, como es en este caso la Ciudad, la Corte”, expresó.

También dieron su parecer Ricardo Gil Lavedra, Félix Lonigro, Pablo Lanusse y Roberto Gargarella. Todos ellos coincidían en la postura sostenida por Fargosi, Armesto y Sabsay. Todos, en consonancia, sostuvieron que la decisión presidencial va en contra de los artículos de la Constitución ya citados.