Alquileres: inquilinos en alerta por el fin del congelamiento y desalojos

Millones de personas en el país se ven afectadas por una noticia que tiene lugar este miércoles 31 de marzo, ya que vence el congelamiento de alquileres y también la prohibición de desalojos.

Como medida para paliar el comienzo de la pandemia en el 2020, el Gobierno había determinado dichas pautas para todos los locatarios mediante un decreto. Ahora. se pidió que se revea una extensión, sin embargo esta no ha tenido lugar de momento por las autoridades nacionales.

Calculan que habrá duras consecuencias porque existe una gran cantidad de expedientes que aguardan el fin del DNU 61/21 para ejecutar las órdenes redactadas con anterioridad por los jueces y además el panorama sanitario es alarmante, por lo que se producirían desalojos en medio de la segunda ola de la pandemia que puede golpear al país en cualquier momento.

Se cumplió un año del congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos.

Atendiendo el problema, desde el Gobierno pusieron en marcha un protocolo de asistencia para las familias con graves problemas habitacionales. Cabe aclarar que aquellas personas que hayan acumulado deuda con los locadores, podrán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Los dueños de las propiedades en alquiler, deben registrar el mismo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según las nuevas disposiciones. En caso de que no lo realicen, tampoco podrán avanzar con la medida de desalojo llegado el caso. Cuestión que puede generar que aumente la cantidad de inquilinos informales.

El Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, instrumento que fue dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, busca poder asistir a aquellas familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento del decreto.

José Luis Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos, en diálogo con TN, explicó que para los inquilinos más comprometidos económicamente y habitacionalmente por la noticia, les queda como recurso “la vía del amparo contra el gobierno nacional y el provincial. Por diferentes motivos e invocando diferentes de leyes, como una falta al deber de asistencia (entre cónyuges). Es el único tecnicismo que podría frenar eventualmente un desalojo. No sé si todo el mundo está al tanto de esta alternativa. Yo no he recibido ninguna consulta en ese sentido”, dijo el especialista.

Para evitar que cientos de familias queden en situación de vulnerabilidad, el Gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi intentará coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, para asistir desde el Estado a quienes más lo necesiten.

Habrá criterios de selección a la hora de abordar soluciones para las situaciones urgentes y habitacionales que surjan. Se tendrá en cuenta si los asistidos/as están en situación de violencia de género, son familias monoparentales, si hay personas con discapacidad dentro del núcleo familiar, situaciones de vulnerabilidad o hay si hay adultos mayores afectados, entre otros aspectos.

Diversos especialistas que hablan desde la postura de los inquilinos que se verán damnificados, creen que la única manera de darles una solución real, es extendiendo los plazos dando de alta un nuevo decreto nacional. Por ahora el Gobierno, no ha dado cabida a esa opción.